La medida, que fue autorizada auer por el Consejo de Gobierno, se realizará mediante el otorgamiento de la garantía de la Junta a los fondos de titulización de activos que constituirán estas entidades en el primer trimestre de 2010, según ha informado el portavoz del Ejecutivo, Manuel Pérez Yruela, en rueda de prensa.
Esta fórmula de la titulización consiste en un sistema de crédito indirecto por el que la banca cede a una sociedad gestora sus derechos de hipotecas, préstamos o contratos de "leasing", entre otros, a cambio de liquidez.
De los cuatro avales autorizados, tres se conceden condicionados al compromiso de las entidades promotoras de reinvertir la liquidez obtenida en la financiación de la actividad productiva de las pymes, mientras que el cuarto se dirigirá a particulares, promotores y constructores para impulsar la vivienda protegida.
Los tres fondos de titulización destinados a pymes lo constituirán las entidades La Caixa (con un importe nominal máximo de 500 millones de euros); Cajamar (300 millones), y Cajasol (190 millones), según ha explicado el portavoz del Gobierno andaluz.
El relativo a vivienda protegida lo promueve Unicaja y estará dotado con 200 millones de euros. En total, el importe de estas operaciones asciende a 1.190 millones de euros, de los cuales el Gobierno andaluz avala un máximo de 851.
Los avales se harán efectivos una vez constituidos los fondos de titulización ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores antes del 31 de marzo de 2010, y el compromiso de reinversión por parte de las entidades deberá materializarse en el plazo de 24 meses y contar con un importe mínimo del 30 por ciento del total avalado durante el primer año.
La autorización del Consejo de Gobierno responde al mandato del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2009, que prevé el otorgamiento de avales para fomento de la actividad productiva y la vivienda por un importe máximo de 1.500 millones de euros.
El proyecto de las cuentas autonómicas para 2010, actualmente en trámite parlamentario, también prevé la concesión de nuevas garantías de este tipo por un importe máximo de 1.000 millones de euros.
Por otra parte, el Consejo de Gobierno también aprobó ayer el procedimiento de solicitud de la nuevas deducciones en tasas de inspección sanitaria para el sector cárnico andaluz, incluidas en el Decreto Ley de medidas tributarias y financieras de impulso a la actividad económica, vigente desde el pasado año.
Estas deducciones, que pueden acumularse hasta llegar a un 75% del valor de la cuota, permitirán un ahorro global de hasta 3,7 millones de euros anuales a las empresas andaluzas dedicadas al sacrificio, despiece y manipulación de carne de consumo, caza y reses de lidia.
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