Sánchez realizó este anuncio durante una reunión con la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del colegio Nuestra Señora de la Paz, cuyas instalaciones colindan con el edificio de esta antigua prisión. Así, la parlamentaria socialista les comunicó que una vez concluida la supervisión del proyecto el pasado mes de junio, el siguiente paso serán las tareas de derribo, en un principio previstas para este otoño y que finalmente han tenido que esperar varios meses.
En este sentido, aclaró que la intervención se va a retrasar dos meses sobre lo inicialmente previsto por la “falta de financiación” debido a “los dos recortes presupuestarios producidos por el plan de austeridad del Gobierno”.
“por la vía de urgencia”
Precisamente, según explicó, estos problemas de financiación motivaron varias reuniones de trabajo con el Ministerio del Interior para encontrar una solución, estudiándose dos alternativas a través del Plan E y los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Finalmente, el Congreso aprobó la semana pasada el dictamen de la Comisión de Interior, donde se incluye una partida de 576.190 euros que servirá para ejecutar las obras de demolición previstas, realizándose a partir de ese momento “todo el trámite administrativo que conlleva un proyecto de estas características se realizará “por la vía de urgencia”.
Por su parte, la alcaldesa avanzó ayer que la Junta de Gobierno Local aprobará la semana próxima la licencia de demolición que ha solicitado la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil del Ministerio de Interior. La regidora socialista agradeció públicamente a Interior el inicio de las obras al considerar que es “una actuación muy necesaria para la ciudad que allana el camino para la ejecución de un proyecto muy demandado”, en relación a la construcción de la nueva comisaría de Policía.
Asimismo, la máxima autoridad local subrayó que esta actuación es fruto de las intensas gestiones desarrolladas durante semanas con los directores generales del Ministerio de Interior. Para Sánchez, con la demolición de este edificio, “se pone punto y final” a los problemas de inseguridad en la zona provocados por el abandono de las instalaciones, que que soportes incendios casi a diario, y, a su vez, permitirá iniciar las obras de mejora del colegio de la Paz, que lleva años limitado por el bloqueo de este proyecto, además de la nueva comisaría.
Aunque satisfechos por la noticia, desde el citado centro educativo y el AMPA mostraron su preocupación por los problemas de ruido o seguridad que los trabajos pudieran conllevar, así como la aspiración del colegio a una futura ampliación de sus instalaciones aprovechando los terrenos que pudieran resultar ociosos en la parcela de la cárcel.
garantizar la seguridad
A este respecto, la propia delegada provincial de Educación, Blanca Alcántara, que también estuvo presente en el encuentro, escuchó atentamente sus propuestas y se comprometió a realizar un seguimiento. Precisamente en este sentido, la diputada socialista agradeció la presencia de la delegada de Educación, ya que ella es la persona que va a tener la interlocución con la Dirección General de la Policía para recibir toda la información de cómo se van a llevar a cabo los trabajos de demolición con el objetivo de reducir al mínimo las molestias que éstas puedan ocasionar al colegio, así como para garantizar la seguridad tanto a los escolares del centro como a las personas que residen en esta zona.
Ambas partes quedaron emplazadas para una próxima reunión en el mes de enero, antes del comienzo de los trabajos, una vez se conozca la empresa que resulte adjudicataria de la obra.
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