Los condenados argumentaban su recurso en que se produjo una infracción de los derechos a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, ya que expusieron que no se conocía la premisa por la que el Tribunal llegó a pensar que las compras personales realizadas se abonaban con la tarjeta de la asociación. Según el Supremo, la Audiencia expuso “con claridad” que se basó en las declaraciones de dos trabajadores de uno de los supermercados.
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