Asimismo, Salado y Mena recordaban que en julio del mismo año Valadez firmaba un contrato indefinido.
Tal y como ocurriera la pasada semana, la rueda de prensa de ambos dirigentes se daba en Málaga, según ha podido este periódico, entre otras cuestiones para evitar que toda la información pase por el presunto tamiz de Valadez en lo que a medios de comunicación se refiere, ya que no es la primera vez que el edil es acusado de una manera o de otra de controlar, o al menos intentarlo, la información que tiene que ver con su persona o con el Ayuntamiento que dirige.
Sea como fuere, los dirigentes populares recordaban la petición de pieza separa al Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona para que se investiguen las posibles responsabilidades del alcalde de Estepona en las contrataciones masivas por parte del PSOE en las empresas municipales durante la época de Antonio Barrientos y que están siendo investigadas por el juez instructor del caso ‘Astapa', Jesús Torres.
Mientras Valadez aseguraba casi de forma simultánea que demostrará ante los tribunales que Salado y Mena mienten, éstos afirmaban que cuando se instruya la pieza separada solicitada serán ellos los que demuestren con más claridad que Valadez "ha sido corresponsable de los temas de corrupción en el caso ‘Astapa', y volvían a pedir su dimisión tras acusarle una vez más de mentir al pueblo de Estepona.
Lo que sí adelantaban y aseguraban los populares es que durante la época en que Valadez fue concejal de Bienestar Social en Estepona él mismo solicitó la contratación de Cristóbal Mingolla Fernández para el Programa de Prevención Comunitaria de Drogodependencias, siendo el contratado por aquel entonces secretario general de las Juventudes Socialistas de Estepona. La lista de contrataciones avanzadas por Salado y Mena en Málaga la completaba la solicitud de contratación de una trabajadora afiliada al PSOE para un puesto en la Policía Local.
Asimismo, los populares hacían referencia al traslado de personas contratadas de manera irregular en las empresas que pasaron al Ayuntamiento sin ningún proceso de concurso, del mismo modo que mencionaban varias cartas que vendrían a demostrar su participación en otras presuntas contrataciones irregulares.
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