Pero la concejala del PSOE, Marta Meléndez, considera que el Consistorio no ha de felicitarse por este dato. Y lamenta que el presidente de la empresa municipal Eléctrica de Cádiz, José Blas Fernández, “no vea más allá de los números de facturación y obvie los problemas de contaminación” asociados a esta estadística. De modo que si el edil popular concibe las cifras como un indicativo de que “la economía de la capital gaditana marcha bien”, la socialista, en cambio, opina que ése no es el mejor camino para conseguir un “Cádiz sostenible”.
Es más, Meléndez reclama la realización de una auditoría con el fin de “ahorrar” y “optimizar” el gasto de electricidad. Según afirma, se trata de una medida que ya se ha aplicado “exitosamente” en otros ayuntamientos españoles y que, a su entender, hace falta en la ciudad. Eso sí, matiza que debería dirigirse no tanto a las familias gaditanas como a las empresas y al propio Consistorio.
No en vano, esta administración se caracteriza, a juicio de Meléndez, por su carácter “derrochador” en materia de electricidad. La prueba más evidente de esto --aduce-- puede apreciarse en la potente iluminación que permanece instalada en el Paseo Marítimo de la playa Victoria.
“Obligado por ley”
De otro lado, la concejala socialista denuncia la “falta de información”de Eléctrica de Cádiz referente al llamado bono social. Así, asegura que, “a pesar de estar obligado a hacerlo por ley”, la sociedad no advierte aún a sus usuarios de la existencia de este mecanismo destinado a los colectivos más vulnerables.
El principal beneficio de esta opción radica en que las personas no pagan término fijo de potencia y sólo abonan el consumo eléctrico efectuado mensualmente. Y para ello hay que contratar una potencia inferior a 3kw en la vivienda habitual. Los jubilados con pensiones mínimas, las familias numerosas y aquellas donde todos sus miembros se encuentren desempleados también pueden acogerse al denominado bono social.
Sin embargo, Meléndez acusa a José Blas Fernández de “ocultar” esta alternativa con la intención de “no reconocer una iniciativa positiva puesta en funcionamiento por el Gobierno de Zapatero” y evitar, al mismo tiempo, la pérdida de clientes de la empresa. “Al fin y al cabo, eso es lo que único que le interesa”, concluye la concejala.
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