La jueza María Núñez Bolaños, que instruye casos relacionados con los ERE e investiga otras macrocausas en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, ha vuelto a darse de baja por motivos personales, al igual que hizo a mediados de junio, en este caso a los dos días de volver de sus vacaciones.
La magistrada se reincorporó oficialmente a su puesto de trabajo el pasado 17 de julio después de permanecer de baja desde el 18 de junio, aunque desde unos días antes ya había frecuentado su despacho para preparar las alegaciones a la denuncia que la Fiscalía Anticorrupción presentó contra ella ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Núñez, que sustituyó a Mercedes Alaya en el Juzgado de Instrucción hace cuatro años, fue sustituida provisionalmente durante su baja por José Ignacio Vilaplana, Juez de Adscripción Territorial que llegó al juzgado en febrero de 2016 para liberarla de carga de trabajo y encargarse de asuntos ordinarios.
Al igual que entonces, Vilaplana ha pasado ahora a encargarse de los casos que llevaba Núñez y ya lo hizo este martes en una sesión de declaraciones relacionadas con una pieza separada del caso de los ERE, como sucedió en junio, ya que el Decanato de los jueces de Sevilla no propondrá que se nombre otro sustituto a no ser que su ausencia se prolongue indefinidamente, según informaron a Efe fuentes judiciales.
Durante su primera ausencia, la Audiencia de Sevilla ordenó la reapertura de una causa archivada por la magistrada , la de los cursos de formación de la Junta de Andalucía, al estimar parcialmente el recurso presentado por el PP-A contra el auto en el que la instructora sobreseía la pieza principal del caso.
Núñez, que regresó al trabajo en muletas porque sufrió un esguince de tobillo durante su baja, también instruye causas como la del uso irregular de tarjetas de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y ha conducido otras como la de los avales de la agencia pública IDEA, que archivó el pasado 27 de mayo en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción.
Esa misma Fiscalía, a instancias de sus seis delegados en Sevilla, presentó a mediados de junio una denuncia ante el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ por "la desatención y el retraso injustificado" en el tratamiento de macrocausas y piezas separadas de los ERE.
La denuncia puede ser archivada antes de llegar a la Comisión Disciplinaria del CGPJ, aunque la jueza también se expone a sanciones que van desde una multa de 501 euros a la suspensión, el traslado a otro juzgado a no menos de 100 kilómetros de Sevilla o la separación de la carrera judicial.
La Junta de Jueces de Instrucción de Sevilla expresó el pasado 5 de julio su "apoyo y afecto" a Núñez y solicitó que "sea respetada tanto en el ámbito personal como en el profesional".
Catorce magistrados, entre ellos Vilaplana, y el juez decano, Francisco Guerrero, acordaron por unanimidad mostrar su respaldo a su compañera ante "las informaciones vertidas con referencia a su actividad jurisdiccional".
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