Da asco. La sola posibilidad de que se haya utilizado a la policía para que actúe a favor de un partido y en contra de otros, o al servicio de unos particulares al servicio de otros desde instancias públicas, sin mandato judicial y obviando toda la legalidad, espanta. La periodista de investigación Ana Romero –una chiclanera cosmopolita- se negó recientemente en TVE-24horas a cualquier denominación de ese conglomerado policial y periodístico dedicado a esos menesteres que no fuera con la palabra “banda”. Banda significa un grupo organizado, algunos con armas, otros con grabadoras, algunos con pinchazos telefónicos, seguimientos y otros con robo de datos, de teléfonos móviles, incorporando subrepticiamente personal propio para manejos políticos o empresariales. Hay un agravante añadido y es la evidente finalidad de encubrimiento o destrucción de pruebas que culpabilizaban a determinados partidos, fabricando pruebas falsas contra otras fuerzas políticas y con una probada finalidad recaudatoria. Para lograr dinero se ha utilizado el chantaje y el ofrecimiento de “pruebas” conseguidas ilegalmente. El cobro de información obtenida desde instancias oficiales.
No ha sido un caso. Han sido muchos casos con el eje en un grupo pequeño de policías corruptos, dentro de una gran mayoría de componentes de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado con sobrados y beneméritos servicios a la comunidad. Cualquier generalización en un asunto que afecta a los derechos fundamentales de los españoles es no solo delicada sino absolutamente vital para una democracia.
El desmantelamiento del franquismo incluyó un perdón y un olvido generalizado a la policía del Régimen, pero tras cuarenta años de democracia sería imperdonable que no fueran llevados ante los jueces todos aquellos miembros de los cuerpos de seguridad que no se hayan comportado conforme a la ley. Por supuesto que aún sería más doloso que pagaran los “soldados” de estas operaciones y no los “generales” que las urdieron y se beneficiaron financiera o políticamente de ellas. Los políticos del Partido Popular que utilizaron, permitieron o las urdieron deben también comparecer para dar las explicaciones de hechos tan graves como las operaciones Kitchen, la operación Tándem, la del “Pequeño Nicolás” y la de hace dos días Operación Nueva York para comprar a un ministro venezolano. Ya tuvo que dimitir por ello María Dolores de Cospedal, pero todas las miradas convergen hacia el ministro Fernández Díaz y sus colaboradores.La cloaca ya apesta con hedor insoportable.
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