La gestión de la zona azul (la conocida como ORA) volverá a manos de Epassa. El gobierno local del PP lleva al Pleno ordinario de este mes el inicio del expediente para la municipalización de este servicio que lleva seis años en el limbo. Se cumple así el acuerdo plenario de 2013 y se esfuma definitivamente la intención del PP de privatizar este servicio, como intentó sin éxito años atrás. El último intento de privatización fue en 2016, cuando la oposición unió sus fuerzas para evitar la gestión indirecta del servicio que planteaba el PP. Desde entonces, los empleados de la zona azul han estado en el limbo y han tenido que ir renovando sus contratos mes a mes con la concesionaria a la que se le retiró la gestión. El concejal de Hacienda y Contratación, Manuel Bonilla, ha explicado que, con el consenso de todos los grupos políticos municipales, se llegó al acuerdo de llevar a cabo la municipalización del servicio.
Tras descartarse la gestión indirecta vía concesión, Bonilla defendió la gestión directa a través de Epassa. Eso sí, recordó que aunque en 2013 se acordó la encomienda de gestión, en el estudio realizado por los técnicos municipales se estima que ha quedado sin efecto esa encomienda y, por consiguiente, es preciso iniciar un nuevo proceso de municipalización y de gestión directa a través de una sociedad municipal 100% de capital público como es Epassa. Bonilla indicó que esta es “la mejor opción o la que plantea menos problemas”, más cuando los informes revelan que la gestión de la zona azul puede generar los ingresos suficientes para cubrir los costes de dicha gestión. En concreto, el último dato que se tiene es de 2017, cuando los ingresos ascendieron a 467.000 euros. Al ser una concesión la empresa ingresa su canon de concesión y el Ayuntamiento no ingresa la tasa ni asume el gasto de los trabajadores. Una vez se municipalice en Eppassa, la sociedad municipal ingresará la tarifa y asumirá los gastos. Desde el PSOE se criticó la parálisis del PP con la zona azul. Se defendió que el servicio es autosuficiente con unos ingresos mensuales de 60.000 euros de media y, además de beneficios, permite cubrir los gastos de personal de los siete trabajadores, por lo que no se explica cómo el equipo de Gobierno del PP no ha dado pasos para desenredar esta situación con un servicio y unos trabajadores con 6 años en el limbo.
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