El pasado 9 de septiembre, el grupo de trabajo acordó con los votos del PSOE e IULV-CA y la abstención del PP-A el dictamen que servirá de base al Gobierno andaluz para redactar las leyes de régimen local y de cesión de tributos a las corporaciones locales, previstas para el primer semestre de 2010, y que fijarán un nuevo marco jurídico y político para las entidades locales.
El PP-A, que decidió abstenerse aunque comparte parte de la filosofía del contenido del informe, emitió ayer cuatro votos particulares, de los cuales los tres primeros hacen referencia al principal escollo que impidió a los populares dar el visto bueno al informe parlamentario: el uso del término "recurso" en vez de "ingreso".
Durante las negociaciones, tanto el PP-A como IULV-CA querían que las entidades locales percibieran una parte de los ingresos de la comunidad y no sólo de los tributos -como recoge el Estatuto de Autonomía-.
Al final, el grupo de trabajo deshizo el entuerto sustituyendo la palabra "tributos" por la de "recursos", a propuesta de IULV-CA, quien de este modo dio su visto bueno al dictamen.
Sin embargo, el PP-A no se conformó con este cambio y exige en sus votos particulares la sustitución de la palabra recursos por la de ingresos.
Así, expone que "es urgente un sistema de financiación local acorde con las necesidades de los gobiernos locales para garantizar una prestación de servicios de calidad".
"De igual modo, es preciso que, por ley, se regule la participación de las administraciones locales en los ingresos de la Comunidad Autónoma, ya que los Ayuntamientos cuentan con menos ingresos y no sólo hacen frente a sus competencias, sino también, aquellas que no realizan el resto de las administraciones", dice el primer voto particular del PP de los tres referentes a este asunto.
Además, el PP-A recupera sus nueve recomendaciones al dictamen en el cuarto voto particular, entre las que destaca la exigencia de que el plan de Cooperación Municipal alcance el 5 por ciento del presupuesto de la Comunidad Autónoma y, salvo los gastos de servicios sociales, los demás deben ser de carácter incondicionado.
Los populares apuestan también por que el Fondo de Nivelación de los Servicios Municipales alcance como mínimo 190 millones de euros para 2010, que el 50 por ciento de las asignaciones complementarias adeudadas por el Gobierno central en concepto de deuda histórica sean destinadas a un Plan Especial de liquidez para las Corporaciones y fijar un calendario para el abono, lo más urgente posible, de las deudas contraídas con los Ayuntamientos.
Por su parte, IULV-CA, que dio su visto bueno al dictamen, presentó un único voto particular con diez puntos referentes a las competencias, la financiación y la deuda con los ayuntamientos.
La coalición de izquierdas pide fijar las competencias propias, compartidas, y los criterios para las delegadas en los municipios de Andalucía, y reconocer la deuda histórica que la Junta de Andalucía mantiene con los ayuntamientos, arbitrando para ello mediante una Disposición Adicional en la Ley los criterios para su cuantificación y calendario de pago a los municipios.
Además, pide que los Presupuestos de la Junta para 2010 recojan anticipo a cuenta de la Deuda Histórica con los municipios andaluces, así como un fondo especial de financiación para salir de la crisis financiera de los municipios.
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