Le quita el Tribunal Supremo a las provincias de Jaén, Soria y Teruel unas ayudas específicas para la industrialización, denominadas Plan Reindu. Le quita a tres de los territorios con más carencias de todo el país (no enumeraremos la larga lista) el último atisbo de lo que ahora se denomina discriminación positiva y que no es otro cosa que justicia social e histórica. Le quita el Tribunal Supremo, a petición de la Generalitat de Cataluña, que es la que ha presentado la demanda, otro jirón de dignidad a su pueblo. Se escuda el Alto Tribunal en el principio de igualdad y de libre concurrencia de todas las provincias a ayudas para la industrialización. Claro, no se puede beneficiar a unas por encima de otras. Sin embargo, por esa regla de tres, debería la Diputación de Jaén y cada uno de los ayuntamientos de esta provincia presentar una demanda por el mismo motivo por décadas de discriminación positiva en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a otras provincias, frenando el crecimiento de Jaén y de territorios hermanos como Soria o Teruel. ¿O qué creen que son, señores del Alto Tribunal, adalides de la separación de poderes, los PGE, sino la mayor discriminación programada para este enjambre de españolitos cada vez más aturdidos?
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