Por todas estas causas y por muchas más con el mismo resultado, es por lo que cada año se pruducen situaciones en las que tiene que intervenir la Delegación Provincial de Educación y resolver los recursos de alzada que se presentan ante las todavía presuntas falsificaciones de datos, luego corroboradas o no por los responsables de la Junta de Andalucía.
Eso es precisamente lo que ha ocurrido en los colegios San Felipe Neri y Argantonio, donde la Junta ha detectado 14 falsificaciones de datos para que sus hijos pudieran entrar o seguir en el centro en el primero de ellos, mentras que se investigan ocho en el segundo.
Los responsables de Educación señalaban en la mañana de ayer a Información que las distintas resoluciones a los recursos de alzada se “están remitiendo” a los centros mencionados, que son los responsables de rehacer las listas de admisiones a través de sus mecanismos autónomos, por lo que la labor de Educación se centra en la comprobación de aquellos recursos que pudieran contener algunas irregularidades.
Un trabajo añadido
Independientemente de se asegura que todos los expedientes estarán remitidos dentro de la fecha del 7 de septiembre, la costumbre hace que en la delegación de la Junta reconozcan que es un trabajo añadido a la presión del comienzo del curso, en éste además con otros componentes que traen en jaque a las autoridades, esta vez las sanitarias.
Y es que los números que se han dado este año en estos dos colegios en Cádiz capital no se consideran elevados en comparación con el volumen de alumnos que comienzan el curso cada año, aunque eso sí, hay “determinados centros” en los que tales casos se dan prácticamente por inercia cada año, si nombrar ninguno pero con los nombres de San Felipe Neri y Argantonio en los medios de comunicación.
Lo que también se reconoce, porque es un secreto a voces, es que estos hechos denunciados por los padres que se sienten perjudicados por las presuntas falsedades de los demás, son sólo una punta del iceberg de lo que realmente ocurre en cada año. Sobre todo en aquellos colegios en los que Infantil es de pago y a partir de ahí, concertado y se pretende que los niños no tengan que trasladarse a otros centros.
Lo que sale a la luz, pues, es sólo lo que se denuncia, lo que Educación se ve obligada a investigar ante los recursos de alzada que se presentan. En este caso los vigilantes de la legalidad, como es obvio, son también los vigilantes de sus propios intereses. Y m
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