Después de que el delegado de Seguridad declarara que “todo el mundo tiene que entender que tenemos que colaborar para que la ciudad cumpla con unos patrones lógicos en ocio, tranquilidad de los vecinos y en materia de seguridad y autoprotección, y los empresarios hosteleros deben colaborar más”, el presidente de la patronal de hostelería, Pablo Arenas, ha respondido que sólo se han clausurado seis establecimientos y que hay miles que cumplen la normativa.
Sin embargo, esos seis han de sumarse a los anteriores y es preocupante el significativo número de incumplimientos detectados aunque no desemboquen en clausuras, de ahí el llamamiento del delegado a la colaboración general. Compartimos el criterio de Arenas de que las inspecciones han de realizarse durante todo el año y no sólo en vísperas de la Navidad, pero no su enfoque de responsabilizar a la “dejadez” de la Administración del incumplimiento de esos hosteleros infractores, de manera que “cuando aquélla se ha puesto a trabajar -ha dicho- ocurren estas cosas”.
Obviamente, el único responsable por incumplir las Ordenanzas es quien actúa al margen o contra de la misma y no cabe escudarse en la falta de despliegue policial para tratar de justificar su inobservancia. Dice muy poco de una sociedad madura y de un sector económico que el respeto a la legalidad esté en función de que haya o no policías por las calles.
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