Empleados de la Cámara de Comercio de Jaén han recordado a la Junta en un comunicado que llevan 40 nóminas sin cobrar y siguen trabajando, al tiempo que han denunciado que ni en la legislación vigente de ámbito nacional ni en el anteproyecto de la Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Andalucía se establece “ningún procedimiento para la liquidación y extinción de las entidades camerales”.
En un comunicado remitido por la letrada de la plantilla, Mercedes Ballesteros, se apunta que “se ha transmitido a la opinión pública que la Cámara de Comercio de Jaén será liquidada y extinguida en caso de no poder constituirse sus órganos de gobierno tras la celebración del proceso electoral en curso”.
No obstante, la abogada señala que la solución que pretende la Junta de Andalucía “demuestra un sonrojante y preocupante desconocimiento de la naturaleza jurídica de las entidades camerales” ya que pretende liquidar y extinguir las cámaras de comercio “siguiendo el procedimiento establecido por la legislación mercantil para la liquidación de sociedades de capital”.
Recuerda que las cámaras de comercio ni son empresas ni son sociedades mercantiles sino que son corporaciones de derecho público y aunque el anteproyecto remite a la Ley Concursal, dicha ley establece que no podrán ser declarados en concurso los entes de derecho público.
“No se podrá liquidar ni extinguir a la Cámara de Comercio de Jaén mientras no se prevea legislativamente la tramitación de un procedimiento, específico y pormenorizado, para la liquidación de las entidades camerales en tanto que son corporaciones de derecho público”, señala el comunicado.
Es por ello por lo que la plantilla ha presentado alegaciones al anteproyecto de ley andaluza al entender que la Junta ha elaborado dicho antiproyecto sin establecer medidas que garanticen la continuidad de las corporaciones camerales, sin establecer un procedimiento de liquidación y extinción y pretendiendo reducir la intervención tutelar de la Junta de Andalucía a una función meramente testimonial, a diferencia de la responsabilidad en la gestión de la Cámara que sí tiene ahora.
Con este anteproyecto, según la letrada, “los trabajadores seguirán en una situación de pleno abandono” ya que lo que persigue la administración autonómica es “desligarse completamente de la red cameral y quedar exonerada de cualquier posible responsabilidad, pretendiendo reducir su función de tutela a un estatus meramente testimonial y de figuración”.
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