Durante unas ocho horas estos tres menores, mayores de 14 años, prestaron declaración ante la jueza, testimonios a los que se sumaron los de los dos niños que no llegan a 14 años supuestamente implicados en los hechos, que regresaron a sus domicilios al no tener responsabilidad penal por su edad.
El internamiento de estos dos menores en un centro se une al decretado el domingo para los otros dos detenidos, que se encuentran en un centro de Cádiz.
Los hechos tuvieron lugar sobre las dos de la madrugada del sábado en una zona de playa de Isla Cristina, próxima al lugar donde se realiza el botellón, donde los presuntos agresores, todos ellos vecinos de la localidad, llevaron a la menor desde el recinto ferial.
La madre de la niña, Germana Artiel, reclamó ayer justicia para su hija y aseguró que los presuntos autores "la amenazaron en todo momento". En declaraciones a los periodistas, Artiel explicó que le costó mucho que su hija le explicara a ella y a su hermana lo sucedido.
"Cuando llegó a casa notamos que le pasaba algo raro -venía con la ropa rajada y con moratones en los brazos- pero no decía nada, estaba como ida; la amenazaron con hacerle algo si contaba lo que pasó", declaró la madre, quien aseguró que la familia está siempre "muy pendiente de ella porque es muy extrovertida".
"Ese día fue a la feria con su hermana y ya en casa vinieron varias amigas a buscarla para volver. Yo no quería que fuera, pero me dijeron que la traerían a casa no más tarde de las doce de la noche", narró Artiel. Fue de vuelta a casa, según relató, cuando las niñas se encontraron a dos de los jóvenes, a los que al parecer conocían, y las amigas la dejaron a medio camino de casa.
Justo entonces, cuando iba acompañada por los dos jóvenes, "salió el resto que se encontraba escondido y la arrastraron y la llevaron a la playa, donde hicieron con ella todo lo que quisieron y después la soltaron, amenazándola en todo momento".
Esto hace pensar a la madre de la niña que "lo tenían todo pensado", y quiso dejar claro que su hija "no consintió en ningún momento, como se está diciendo por ahí. Tiene 13 años y además le partieron la ropa y llegó con los brazos lleno de moratones de intentar escapar; no entiendo cómo puede haber gente tan inhumana", indicó.
Tras explicar que desde que sucedieron los hechos la niña "está como ida", pidió a la madre de los presuntos autores que se pongan en su lugar. "A mí me han destrozado la vida pero a ella también".
Airtel pidió que los siete menores implicados sean juzgados, incluso hasta los que tienen menos de 13 años y, por tanto, carecen de responsabilidad penal, porque "todos han estado en el mismo sitio y son todos iguales".
Este suceso se produce después de que el pasado jueves se conociera que seis jóvenes, cinco de ellos menores de edad, fueran detenidos como sospechosos de violar a una menor de 13 años en la localidad cordobesa de Baena.
Se reabre el debate sobre la eficacia de la Ley del Menor
De hecho, las violaciones de estas dos niñas cometidas supuestamente por sendos grupos de menores ha reabierto el debate sobre la necesidad de endurecer las consecuencias previstas en la Ley del Menor para los autores de estos delitos, sobre todo cuando son menores de 14 años.
La mayoría de edad penal está en España en los 18 años, aunque la legislación establece que a partir de los 14 se pueden exigir responsabilidades. Únicamente los menores de 14 quedan exentos de esa exigencia de responsabilidad por los delitos que cometen porque el legislador consideró que, cuando las infracciones son cometidas por niños que no alcanzan esa edad, se debe buscar la solución en el ámbito educativo y familiar.
Desde el Ejecutivo, el secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, considera que hay "respuestas contundentes en el ordenamiento jurídico actual para el comportamiento de menores con esta gravedad".
En unas declaraciones recogidas en una nota de prensa, difundida a través del Ministerio de Justicia, el secretario de Estado expresa el deseo del Gobierno de que "se aplique con el máximo rigor la legislación vigente a estos menores, cuyo comportamiento ha generado un gran desgarramiento social".
El PP anunció ayer que en septiembre pedirá en el Parlamento una reforma de la Ley del Menor para "proteger a las víctimas más vulnerables" y para "acotar la impunidad", ya que considera que se debería poder imputar a los menores de 14 años.
Sobre esta propuesta, Campo indicó que el Gobierno "valorará la situación como ha hecho siempre y no legislará al socaire de acontecimientos tan trágicos como éstos".
En el mismo sentido, la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, se mostró abierta al debate sobre una reforma de la Ley del Menor, pero abogó por legislar "de forma responsable" y sin dejarse llevar por casos puntuales.
En el sector judicial, las asociaciones de jueces se encuentran divididas al plantear unas el endurecimiento de la Ley y abogar otras por medidas alternativas.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) señaló que la solución no se encuentra en un cambio de las leyes, sino en una mejora de la educación. Jueces Para la Democracia (JpD) resaltó que una reforma de la Ley del Menor no debería hacerse nunca "al socaire de asuntos luctuosos, o simplemente mediáticos".
Por el contrario, el Foro Judicial Independiente (FJI) se mostró partidario de una modificación de la ley "que distinga entre delitos menores y delitos graves como el asesinato o la violación". También es favorable a una reforma de este tipo la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), que no ve ningún problema en rebajar la edad de imputabilidad de los 14 a los 13 años, "ya que la diferencia de madurez del menor entre esas edades no es relevante", aunque muestra su recelo en el caso de menores de 13 años.
El ministro de Educación pide reflexión
El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, dijo que todos debemos reflexionar sobre qué ocurre en una sociedad donde los menores tienen los valores "tan dislocados" como para cometer tales "atropellos".
La educación, prosiguió, es "corresponsabilidad" de toda la sociedad, incluyendo las familias, los colegios, los medios de comunicación y aquellos que ostentan el poder político.
A su vez, la consejera de Justicia de Cataluña, Montserrat Tura, rechazó reformar la Ley del Menor para rebajar la edad penal, al tiempo que apeló a la "responsabilidad" de las familias para evitar que sus hijos adolescentes delincan.
El psicólogo y doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad de Navarra Gerardo Aguado considera que la educación cumple un papel "muy importante" en los jóvenes que muestran conductas agresivas o sexualmente agresivas.
En la mayoría de los casos, precisó, son adolescentes que nunca se han privado de nada y, por lo tanto, "no tienen límites".
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