Salvo que Ciudadanos dé un giro inesperado e imprevisible la Junta verá este jueves convalidado en el Parlamento andaluz el decreto que sentará durante los próximos años las bases del acceso a la Educación Infantil para los alumnos de 0 a 3 años y también el régimen de ayudas que recibirán las familias, si tienen derecho a ellas, para rebajar las facturas que pagan mensualmente. La consejera de Educación, Adelaida de la Calle, se aferró ayer a los argumentos que ya desgranó hace semanas (habrá más plazas, más centros y ayudas) para defender un marco legal que recabó la crítica unánime de la oposición, incluso de Ciudadanos aunque acabe pulsando el botón del sí.
La Junta recibirá el visto bueno de la mayoría de la Cámara pero tendrá que oír aún las protestas de una parte del sector de los centros educativos acogidos a los convenios, las guarderías, que este miércoles mismo se movilizaron a las puertas del Parlamento para protestar. No son todas, porque el decreto los ha acabado dividiendo en dos bloques: las guarderías que creen que la norma es adecuada y no supone ningún ataque a su supervivencia y las que temen justo lo contrario, que el punto que autoriza a aplicar rebajas de hasta el 15% en los precios que se cobran a los padres por atender a sus hijos desate una auténtica batalla entre centros en la que sólo puedan sobrevivir las grandes empresas y las pequeñas tengan que recortar en condiciones laborales de sus empleados si quieren seguir siendo competitivas. La huelga convocada por el segundo de los grupos arrojó cifras contradictorias: mientras el sector hablaba del 85% de seguimiento, la Consejería lo reducía a apenas el 17%.
“Tarde y mal”
La votación de convalidación del decreto debía haberse celebrado este miércoles, pero el PSOE pidió al resto de grupos que se aplazara hasta un día después para permitir a Susana Díaz y a un nutrido grupo de diputados socialistas acudir en Barcelona al acto de homenaje que el PSC brindaba a la exministra Carme Chacón. Lo que no se postergó fue el debate previo, que fijó con claridad las posiciones de unos y otros. La consejera De la Calle defendió las bondades del texto, pero convenció a pocos.
Ni Ciudadanos, que secundará al PSOE para alumbrar el decreto, escatimó críticas. El partido de Marín reprochó a la consejera que llevara el decreto a la Cámara “tarde y mal” y llegó a tachar de “deficiente” su gestión. Le dará su apoyo sin embargo porque alega que se preserva el empleo. Más contundente fue el PP. Su portavoz, Carmen Crespo, habló de “nuevo conflicto social”, de “decretazo”, y alertó de que se ataca a las clases medias con un sistema de ayudas que penaliza sus ingresos al no garantizarse la progresividad. Podemos e IU coinciden en que lo que se alienta es “una subasta a la baja” en los centros al autorizarse la competencia de precios.
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