La batalla, o la guerra por los conciertos sanitarios entre la empresa José Manuel Pascual Pascual, SL, y la Junta de Andalucía, no tiene visos de concluir. Ninguna de las dos partes está dispuesta a ceder y las amenazas y presiones arrecian por momentos.
Por parte del comité de empresa de Pascual las movilizaciones prosiguen. Así, este pasado jueves, alrededor de 4.000 personas, según este comité, se desplazaron hasta Sevilla donde participaron en una manifestación que partió desde el Palacio de San Telmo.
“Nuestro único objetivo como trabajadores que somos, es que los pacientes vuelvan a los centros que tenemos vacíos, que se garantice la asistencia en nuestras poblaciones , que se deje de usar a los ciudadanos como arma de presión y nuestros compañeros que han perdido su puesto de trabajo lo recuperen”, indica José María Manzano, presidente del comité intercentros de Pascual.
Al mismo tiempo, indica que desde el pasado lunes día 24 de octubre, “los trabajadores de los Hospitales San Rafael, Blanca Paloma, Santa María del Puerto, Virgen del Camino, Virgen de las Montañas y FAC Dr. Pascual hemos iniciado una campaña de concienciación ciudadana y recogida de firmas para pedir el apoyo de los ciudadanos en un conflicto que dura ya tres año”.
La Junta insiste
Por su parte, la Junta de Andalucía ofrece por un lado la mano tendida y por otro advierte a Pascual que el acuerdo no será a cualquier precio y que las condiciones las pondrán desde la administración autonómica.
Al respecto, el delegado de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, afirmó que “seguimos invitando” a la empresa Clínicas Pascual a que llegue a un acuerdo con la Junta “porque es bueno para todos”. En este sentido, ha recordado que se han hecho “todo los esfuerzos posible para que dentro de la legalidad y dentro las posibilidades económicas, que son incluso mejores que el concierto actual, se produzca un acuerdo”, que “ojalá se produzca”.
En cuanto a otras posibilidades abiertas en caso de que no se produzca finalmente un acuerdo con Pascual, el delegado de la Junta ha manifestado que “tenemos que estar preparado, porque no depende de nosotros, sino que es el compromiso de ambas parte y hemos llegado hasta donde hemos podido llegar”.
Más claro y menos conciliador se mostró el consejero de Salud, Aquilino Alonso, quien, en comisión parlamentaria, insistió en que la responsabilidad del Servicio Andaluz de Salud (SAS) “es garantizar” la asistencia sanitaria en las localidades gaditanas de El Puerto de Santa María, Villmartín y Sanlúcar de Barrameda mientras se resuelve la situación con la empresa Clínicas Pascual o se construyen centros por parte de la Administración sanitaria.
La amenaza es clara, si no hay acuerdo, se construirán centros en esos municipios que sustituyan a los de Pascual.
“El caso”, indica el consejero, “es que si finalmente no es posible llegar a un acuerdo, y en ausencia de otros dispositivos, habrá que seguir contando con los servicios de estos tres hospitales pagando por ello unos precios justos hasta que podamos prestar la asistencia con medios propios” para lo que añade que ya se han empezado las negociaciones oportunas.
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