Reducir el sufrimiento de los familiares a un supuesto de falsedad documental es una broma de mal gusto. No tiene ninguna gracia. Pero sólo en eso se queda el castigo de los tribunales a quienes se ahorraron el incómodo trámite de identificar correctamente los restos de 30 soldados españoles muertos cuando regresaban de servir a su Patria. En consecuencia, el reproche penal solo recae en los mandos militares, que, según la sentencia de la Audiencia Nacional, falsearon los documentos con total conocimiento de causa.
Esos documentos oficializaron una lacerante mentira. Los restos colocados en treinta de los féretros no se correspondían con los nombres que figuraban en las etiquetas exteriores. La dolorosa sospecha de los familiares, se convirtió pronto en la causa de un hondo sufrimiento. Me refiero a la despiadada anulación de la identidad del hijo, el padre, el hermano. La memoria de sus seres queridos, abolida de un plumazo.
Un funeral decidido por los gobernantes de turno. Nada que ver con el estamento militar.
Lo que no previó la parte política es la reacción de la parte militar, cuya dignidad había sufrido un incalificable atropello en nombre de imperativos no castrenses, sino eminentemente políticos. Y parece mentira que aun con la sentencia fresca de la Audiencia Nacional, conocida el martes pasado, el ex ministro Trillo comparezca ante los medios de comunicación para ratificarse en que no asume ni tiene por qué asumir ningún tipo de responsabilidad.
Pulso de hierro y mandíbula de cristal, como alguien decía ayer en alusión a la distinta vara de medir que el ex ministro aplica cuando se trata de sí mismo respecto a la que aplicaba cuando, a mediados de los noventa, ejercía de perro de presa contra las perversiones del Partido Socialista Obrero Español, ya en vísperas de la bancarrota felipista.
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