El asunto, que viene prolongándose desde hace casi un año, puede que finalmente termine en los tribunales por las sospechas de una presunta prevaricación que, a juicio del PSOE, se habría producido con esta adjudicación. Para la alcaldesa, Antonia Muñoz, las acusaciones de los grupos de la oposición sobre no haber tenido en cuenta los informes de los técnicos municipales no tiene fundamento puesto que, señala, "los informes son herramientas de trabajo para tomar las decisiones políticas". Asimismo, Muñoz lamentaba que en los 25 años de concesión que ha tenido Aquagest en el término de Manilva sólo han recibido una herencia de una deuda del Ayuntamiento de 3,5 millones de euros y unas redes y un servicio obsoleto. Asimismo, Muñoz añadió que las ventajas que Aquagest proponía no eran las mejores para Manilva, por lo que finalmente se ha decidido proponer la adjudicación de este servicio a Aqualia.
En parecidos términos se expresó el primer teniente de alcalde y portavoz de la ASM, Emilio López Berenguer, quien añadió ante la amenaza de posibles denuncias por parte de los ediles de la oposición, que el único objetivo que mantenía la oposición con esta actitud es "estrangular la gestión del equipo de gobierno".
Petición a medio ambiente
Por otra parte, en la misma sesión plenaria, se aprobaba por unanimidad solicitar al Ministerio de Medio Ambiente una concesión administrativa de bienes de dominio público para la instalación de chiringuitos en las playas del término municipal.
En este sentido, el concejal de Playas, Diego Urieta, afirmaba que esta decisión se adopta después de varias reuniones con responsables de la Demarcación de Costas, con las asociaciones de empresarios de establecimientos de playa y los de la localidad, ya que ésta sería la fórmula "más viable para dar estabilidad y que además de suponer un importante atractivo turístico son una fuente generadora de empleo".
La propuesta consiste, según Urieta, en solicitar la concesión administrativa por un periodo de 30 años de 2.550 metros cuadrados de dominio público para la instalación de un total de 17 chiringuitos, a razón de 150 metros cuadrados cada uno de ellos. Estas empresas crean cada temporada unos 60 puestos de trabajo "y cada año sufren la incertidumbre de sanciones de Costas que hay que recurrir".
Tanto PSOE com PP, votaron a favor de esta propuesta.
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