Vigilancia estricta a las concesionarias

La concejala de Bienestar Social de El Puerto, Mariola Tocino, anunció ayer que su departamento va a estudiar con detalle el contrato firmado en su día con la concesionaria del servicio de ayuda a domicilio, Claros, por si se incumple para rescindirlo. La medida es, a priori, la adecuada aunque las mismas trabajadoras ya podrían asegurar que se incumplen los términos de esa concesión desde el mismo momento en que las empleadas no cobran sus salarios regularmente y los impagos sobrepasan los límites que cualquier concejal, forme parte o no del Gobierno municipal, no podría aceptar en momento alguno si esa situación les afectase de forma directa. El Ayuntamiento debe vigilar con mucho celo, porque es su responsabilidad, que los contratos se cumplen por cuanto lo que está en juego es, primero el dinero público que es de todos los ciudadanos y, segundo, servicios básicos de esos mismos ciudadanos. Que el caso de Claros no quede diluido como el del GDF.

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