Hacía años que no se escucha es esta palabra tan sonora: Pucherazo. Ahora se lee y se oye todos los días y resuena en nuestros oídos como anticipo de lo que viene nada más empiece eso que, de forma cursi, se llama el curso político.
La palabreja está de moda por los propósitos del Partido Popular de que en los ayuntamientos gobierne la lista más votada, metida de contrabando en el paquete quimérico de la regeneración democrática. Naturalmente que todo puede discutirse, menos lo indiscutible. Es indiscutible que la mayoría es la mayoría y ésta es la mitad más uno. Así de sencillo. De votos, de concejales, de acciones, de tierras, de dinero y de todo lo que permita un reparto. Lo que se plantea es diametralmente distinto. Es otorgarle la mayoría a quien no la tiene. Esto es el fraude, este es el pucherazo.
El PSOE hizo una propuesta, a través de Alfonso Perales, en 2004, en los tiempos terribles del transfuguismo y el gilismo, contra la avalancha de mociones de censura en los ayuntamientos, detrás de las cuales anidaba la compra de voluntades por intereses urbanísticos y, por tanto, la corrupción. Le propuso para ello al PP un cambio en la ley electoral para asegurar los mandatos de los alcaldes y blindarlos de mociones de censura. Su propuesta consistía en que los ciudadanos eligieran directamente al alcalde pero por un sistema de doble vuelta. De las urnas saldría un pleno proporcional a la voluntad popular pero la elección directa garantizaba a estabilidad al alcalde elegido por los ciudadanos. La diferencia con el PP es que este partido defendía también la elección directa, pero no por un sistema de doble vuelta, sino que se convertiría en alcalde el número uno de la lista más votada. El PP temía que en la segunda vuelta los votos de la izquierda se unieran. Por ese motivo no hubo acuerdo. En esas estamos.
El Consejo de Estado fue preguntado en 2008 y –como es muy poco conocido- lo transcribo: “Es evidente que la modificación del sistema de elección del alcalde… obligaría a rediseñar este sistema de gobierno para aproximarlo al que es propio del presidencialismo. La elección directa del alcalde no es compatible con su dependencia de la confianza del pleno, y este debilitamiento de las facultades de control de que dispone actualmente el Pleno lo reduciría a la insignificancia…”. ¿Más claro? Imposible.
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