Miguel y su hermanastro estuvieron durante cuatro horas en el interior de la vivienda, de la que los policías sacaron varias bolsas con posibles pruebas.
Tres furgones policiales se desplazaron al domicilio de Miguel, situado en la calle León XIII de Sevilla, donde también se buscó el cenicero con el que aseguró haber golpeado a Marta hasta matarla.
Numerosas personas, frenadas por un fuerte cordón policial, se presentaron en las inmediaciones del domicilio, en el que una pintada acusa a Miguel de “asesino”, e increparon e insultaron al detenido.
La investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario, también está tratando de determinar cómo trasladaron el cadáver de la joven hasta el puente del río Guadalquivir situado cerca de Camas desde el que aseguraron que la habían arrojado al agua.
Las fuentes consultadas indicaron que se pretende determinar el vehículo -una moto o un coche- con el que fue trasladada hasta el Guadalquivir, ya que los presuntos autores han incurrido en numerosas contradicciones.
Fuentes de la investigación dijeron ayer a Efe que el autor confeso del homicidio y su amigo Samuel B. P, que supuestamente le ayudó a arrojar el cuerpo al Guadalquivir, han incurrido en numerosas contradicciones en sus sucesivas declaraciones ante la Policía y el juez, y entre ellos mismos.
Por ello, fuentes judiciales dudan sobre la verosimilitud de sus respectivos testimonios, en los que estuvieron asesorados por un letrado y cada uno dio la versión que consideraba más beneficiosa para su propia defensa.
Los dos jóvenes acusados cumplen desde el lunes prisión incondicional sin fianza, mientras que el hermanastro de Miguel aún no ha declarado ante el juez y el menor también detenido en este caso fue trasladado el lunes a un centro de menores.
Traslado de prisión
Tras pasar su primera noche en la prisión de Sevilla-I, Miguel C. D. y su presunto cómplice, Samuel B. P, que habría ayudado al primero a deshacerse del cadáver de Marta, fueron trasladados a las prisiones de Morón de la Frontera (Sevilla) y de Huelva, respectivamente, por motivos de “seguridad” para alejarlos del “foco” de los hechos.
Fuentes de la investigación explicaron que después de que en la noche del lunes durmieran en celdas separadas y acompañados “por presos de confianza” del centro penitenciario de Sevilla-I, ambos detenidos fueron separados de centro. Así las cosas, los nuevos directores de centro a los que son enviados los jóvenes, Morón y Huelva, deberán estudiar el informe inicial de los profesionales de la cárcel de la capital hispalense y, si procede, ratificar el Protocolo de Prevención de Suicidios (PPS) ya aplicado.
En este sentido, Miguel C. D, fue trasladado a la prisión de Morón tras concluir las diligencias policiales en su vivienda, mientras que Samuel B. P. fue trasladado durante la tarde a Huelva.
Con esta situación, que durará un mínimo de una semana, el autor confeso del crimen y su cómplice estarán acompañados por otros presos con el fin de que “nunca estén solos”, repitiéndose el proceso de registro de entrada en sus nuevos destinos.
En Sevilla-I, tras ser entrevistados por personal del centro, Miguel y Samuel fueron incluidos en el Protocolo de Prevención de Suicidios para velar por su seguridad, cuya inclusión en el programa específico variará en el tiempo dependiendo de su evolución.
Pide prudencia a los medios
Por otra parte, el presidente de la Junta, Manuel Chaves, mostró ayer su “preocupación” por el “circo mediático” montado en torno a este caso, y aseguró que “no hay que frivolizar el tema por las implicaciones que tiene, sobre todo para la familia, para la que pido más respeto y menos frivolidad”.
La consejera para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta, Micaela Navarro, por su parte, pidió “prudencia” a los medios de comunicación cuando se refieran a la niña de 14 años relacionada con el ex novio de Marta del Castillo.
El Consejo Audiovisual de Andalucía anunció ayer que analizará todas las informaciones emitidas por televisiones locales, la autonómica andaluza y en las desconexiones territoriales relativas a la desaparición de la joven para establecer si se ha llevado a cabo una “espectacularización de la tragedia frente a un derecho a la información de la ciudadanía”.
Por su parte, el presidente del PP-A, Javier Arenas, apostó por abrir un debate en la sociedad sobre el sistema de penas y su cumplimiento en determinados delitos “que para todos son los más despreciables y más repugnantes”.
Este caso también ha suscitado debate en Madrid, donde la portavoz del PSOE en la Comisión de Igualdad del Congreso, Carmen Montón, planteó la necesidad de “poner en valor” la Ley Integral contra la Violencia de Género, mientras que la portavoz del PP, Susana Camarero, consideró que este asesinato pone de manifiesto que esta ley ha fallado.
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