Tras lo relatado, la Policía Nacional pudo determinar que la compra sí se había producido, pero la contratación de la operación crediticia la había realizado otra persona desconocida por el denunciante (los datos los había obtenido en su domicilio). Finalmente, la presuntamente implicada, que responde a las iniciales de R.B.M. de 29 años de edad y que carece de antecedentes policiales, quedó imputada de presunto delito de falsedad documental y estafa.
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