Al inicio de la vista oral los defensas han pedido a la titular del juzgado el aplazamiento del juicio, al considerar que la comparecencia de estos testigos, dos de ellas citadas de legal forma y el tercero telefónicamente son "fundamentales para el ejercicio del derecho de la defensa", según ha explicado a los periodistas el letrado de uno de los acusados, Nicolás Morón de Cárdenas.
Del mismo modo, ha señalado que en el caso de que también fuera fallida la segunda citación, "lo más probable es que se utilice como prueba la que se preconstituyó en los juzgados de Moguer el 22 de abril de 2009, en la que se grabó en vídeo la declaración de los 25 testigos", de los que ahora tan sólo han localizado a tres.
La importancia de la declaración de estos testigos y de las demás trabajadoras que no han sido localizadas, "radica fundamentalmente en que muchas de estas mujeres han venido desempeñado sus funciones laborales en las misa empresa reiteradamente en meses sucesivos y en campañas distintas", ha asegurado el letrado.
Por su parte, antes de que la juez decidiera aplazar la vista, el fiscal del caso mostró su intención de continuarla asegurando que el testimonio del trabajador "no era imprescindible", ya que cuando uno de los acusados realizó supuestamente la falta de amenazas estaban presentes los agentes de la Guardia Civil, que también estaban citados para declarar, a la par que renunció a los testimonios de las dos testigos que no han comparecido, ya que de todas formas estaban recogidos en el citado vídeo.
LOS HECHOS
Según reza en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan al año 2009 y el Ministerio Fiscal asegura que el trato de los acusados con estas trabajadoras era "permanentemente agresivo y despectivo, afectando de este modo gravemente a la propia autoestima de los citados". Del mismo modo, estas personas sometían a estas empleadas en la jornada laboral a "una vigilancia estrecha hasta el punto de obligarlas a hacer sus necesidades en el mismo campo y prohibiéndoles ir a sus alojamientos a buscar agua, de forma que no podían abandonar el puesto de trabajo ni siquiera en los casos de mareo o fatiga por la sed".
Igualmente, según relata la Fiscalía, los acusados "faltaban el respeto a la intimidad" de las trabajadoras al entrar en sus aposentos sin el consentimiento de las mismas, haciendo uso "en algunas ocasiones de la fuerza física y exigiendo en otras favores sexuales para garantizar la continuidad del trabajo de las empleadas".
Al mismo tiempo, estos tres acusados "imponían mediante amenazas y coacciones condiciones laborales abusivas tales como efectuar diez horas diarias; no respetar el tiempo mínimo para el almuerzo; no permitirles días libres y no pagar las horas extras".
En uno de estos episodios, concretamente cuando fue despedido un trabajador rumano que trabajaba en la citada finca "tras amenazarlo con una escopeta de caza", varias empleadas se encerraron durante dos días en sus viviendas "atemorizadas" cuando hizo acto de presencia una pareja de guardias civiles, momento en el que uno de los acusados se dirigió al citado trabajador diciéndole que "abandonara la finca o acabaría con su vida".
Por todo ello, la Fiscalía ha pedido 90 años de prisión entre los tres acusados por los delitos supuestamente cometidos, así como el pago 1.140 euros por las faltas de maltrato de obra y de amenazas. Durante la vista oral, está previsto que declaren funcionarios de la Guardia Civil y las 25 trabajadores afectados.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
