Durante la vista sobre el recurso presentado por la operadora española, Telefónica y Telefónica España pidieron la anulación de la decisión de la CE y, con carácter subsidiario, la anulación o reducción del importe de la sanción.
En una decisión anunciada el 4 de julio de 2007, la Comisión señaló que Telefónica había impuesto entre septiembre de 2001 y diciembre de 2006 precios no equitativos, estrechando los márgenes entre los precios mayoristas que cobraba a sus competidores y las tarifas minoristas que imponía a sus clientes.
La CE, que había iniciado en 2003 la investigación contra Telefónica al recibir una denuncia de Wanadoo (France Télécom), concluyó que la española debilitaba a sus competidores al obligarles a igualar los precios minoristas e impedir que crecieran en ese mercado sin ahogarse financieramente.
La defensa de Telefónica destacó que la conclusión a la que llegó la Comisión era “diametralmente opuesta” a la del regulador español, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), tras cinco años de intervención en el mercado de la banda ancha.
Telefónica argumentó también en Luxemburgo que la CE no aplicó el estándar jurídico para la definición de tres mercados mayoristas.
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