Un vecino de Vera ha descubierto gracias a un informe del Instituto Nacional de Toxicología que el hijo fruto de una relación extramatrimonial al que dio sus apellidos y al que ha tenido que pagarle una pensión durante 27 años, en realidad es el hijo de otro hombre.
El Juzgado de Instrucción número 6 de Almería ha acogido una vista oral sobre la filiación de su supuesto hijo, según ha explicado a EFE el abogado José Luis Martínez, que representa a este anciano.
“Tenía la sospecha desde febrero de 2017, cuando la hermana de la madre le dijo que no era su hijo. Le dijo: Me da lástima de ti, compruébalo, que no es tu hijo. Y así ha sido, efectivamente”, apunta el letrado.
En abril de ese año, se presentó una demanda que ha derivado en este juicio en el que “el informe del Instituto Nacional de Toxicología concluye que existe una incompatibilidad genética”. “Es la prueba estrella”, resalta.
Ante esta prueba, el Ministerio Fiscal se ha sumado a los planteamientos de la defensa del anciano. La causa está vista para sentencia pero las partes consideran que se dará la razón al demandante.
A partir de ahí, el letrado José Luis Martínez planteará una extinción de las medidas impuestas a su cliente y de la pensión. “Él -el supuesto hijo- no trabaja todavía y no tiene una independencia económica, y nos hemos enterado de que su madre falleció hace poco”, ha abundado.
El abogado ha explicado que su cliente fue condenado en 2016 por un juzgado de lo Penal de Almería por impago de pensiones, por lo que se le impuso una multa y el pago de más de 40.000 euros y le embargaron la pensión de su jubilación, “hasta el día de hoy”.
Martínez se plantea la vía para actuar contra este fallo a la luz de las nuevas pruebas, aunque reconoce que será complicado porque “se podía recurrir ante el Tribunal Supremo en el plazo de cinco años, que ya ha pasado, por lo que no sabemos si podrá recuperar ese dinero”.
“Se siente mal y engañado”, ha aseverado el abogado, quien a pesar de todo celebra el resultado. “Yo no fui el que inició la demanda, que inicialmente era ‘muy light, yo la complementé y pedí que se suspendiera la vista hasta que estuvieran las pruebas biológicas, que se tiraron un tiempo y por las que tuvo que pagar 720 euros”, ha concluido el abogado.
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