Fuentes del caso han informado de que el abogado que ejerce la acusación particular en nombre de los padres ha pedido estas dos medidas después de que Javier G. M. fuese sorprendido en un control policial el 14 de noviembre pasado a 26 kilómetros de Sevilla, incumpliendo así la orden de alejamiento a 50 kilómetros de los padres.
Por ello, la familia pide ahora que la orden se amplíe de 50 a 300 kilómetros, para garantizar que no vuelvan a producirse quebrantamientos por error, como aseguró el chico y su familia.
La acusación particular ha pedido además al juez que el joven, apodado El Cuco, vuelva a ser internado en un centro de menores y deje el piso tutelado de la provincia de Cádiz donde reside desde que quedó libre, en noviembre de 2009, una vez cumplidos los nueve meses de internamiento preventivo máximo previsto por la Ley Penal del Menor.
La familia solicita, al igual que ya ha hecho la Fiscalía de Sevilla, que se deduzca testimonio contra los padres del menor por un posible delito de quebrantamiento de medida cautelar.
Por otro lado, un juzgado de Sevilla dejó ayer vista para sentencia la demanda de la Fiscalía contra Tele 5 y dos productoras por sacar en varios programas a la novia del asesino confeso de Marta, Miguel Carcaño, y violentar su derecho a la intimidad siendo menor de edad.
El juzgado de primera instancia 13 tomó ayer declaración a dicha menor, Rocío P. G, que tenía 15 años cuando fue entrevistada en febrero de 2009, y a continuación la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, ha mantenido su demanda de 100.000 euros de indemnización para ella.
La vista se celebró a puerta cerrada y, a la salida, Segarra manifestó a los periodistas que ha mantenido todos los argumentos de su demanda, según la cual la presencia de Rocío en dichos programas no tenían ningún “interés público” y nada justificaba su presencia, salvo por “elementos espectaculares o morbosos”.
La Fiscalía considera “especialmente perjudicial” la parte del programa en la que esta chica respondió a preguntas sobre su vida íntima sin ningún mecanismo para difuminar su rostro, pese a ser menor de edad.
Según la Fiscalía, “la relevancia pública de la información no puede confundirse con el difuso objeto de un inexistente derecho a satisfacer la curiosidad ajena”, y cuando están implicados menores de edad debe reforzarse el principio general de protección de sus derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen.
Los abogados de la cadena y de las productoras se han opuesto a todos los términos de la demanda y han considerado que no existió ninguna intromisión en los derechos de la menor.
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