La Fiscalía del Tribunal Constitucional ha pedido amparar a varios de los condenados por prevaricación en el caso de los ERE, entre ellos los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, pero, en cambio, ha desoído las alegaciones de este último por la malversación.
Así, de los 12 recursos estudiados, pide al tribunal de garantías estimar parcialmente los recursos de ocho de los condenados, y rechazar los recursos de tres más. Del último recurso, el del exconsejero José Antonio Viera Chacón, solicita su inadmisión.
Respecto de la malversación, castigada con prisión, la Fiscalía entiende que las sentencias de la Audiencia de Sevilla y del Tribunal Supremo no vulneran los derechos fundamentales de los condenados.
En concreto, la Fiscalía pide desestimar los argumentos que se basan en la lesión del derecho a la legalidad penal, la vulneración del principio de presunción de inocencia por inexistencia de una prueba de cargo suficiente para la condena, o la insuficiencia o irracionalidad de la fundamentación jurídica de las sentencias.
Asimismo, rechaza la vulneración de la presunción de inocencia y el derecho al honor que algunos recurrentes atribuían a la decisión del Supremo de anticipar y difundir públicamente el fallo de la sentencia antes de dar a conocer el contenido.
De aceptarse este planteamiento, el tribunal mantendría la condena a seis años de prisión a Griñán, si bien la Audiencia de Sevilla decidió el pasado junio suspender durante cinco años la ejecución de la pena impuesta al expresidente de la Junta por malversación.
En cuanto a la prevaricación, que solo conlleva penas de inhabilitación, el Ministerio Público apoya únicamente los motivos de amparo que afectan a la elaboración y aprobación de los anteproyectos de Ley de Presupuestos de Andalucía y su remisión al Parlamento autonómico.
El fiscal entiende que la consideración como delito de prevaricación del ejercicio de la iniciativa legislativa, presupondría introducir un control penal respecto de la forma e incluso el contenido de dicha iniciativa que tanto el orden contencioso-administrativo como la propia jurisdicción constitucional sistemáticamente han rechazado ejercer.
Ahora bien, aboga por perdonar la parte de la prevaricación que afecta a los anteproyectos de ley, no así a las modificaciones presupuestarias para las que eran competentes el Gobierno y las Consejerías, por lo que pide que el tribunal de instancia revise las condenas a efectos de proporcionalidad de la pena.
Los 12 condenados de los ERE que recurrieron lo están por prevaricación y ocho de ellos, además, por malversación.
Las penas por prevaricación son de nueve años de inhabilitación mientras que los que suman malversación añaden unas condenas que oscilan entre los 3 a 7 años y 11 meses de prisión, que ya todos están cumpliendo, a excepción de Griñán y del director general de Trabajo Juan Márquez, condenado a tres años de prisión.
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