El plan, que fue aprobado ayer por el Consejo de Ministros, prevé 996.000 actuaciones en los próximos cuatro años, que se destinarán a permitir el acceso a los ciudadanos a viviendas en compra y, especialmente, en alquiler, promover la urbanización de suelo para viviendas protegidas (VPO) y mejorar actual parque de inmuebles.
Además, amplía el ámbito de las ayudas para atender a las familias de rentas medias, de forma que se extiende la Ayuda Estatal Directa a la Entrada de 4.000 euros a los hogares con ingresos de hasta 31.449 euros anuales (4,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples –Iprem–).
El alquiler es una de las líneas estratégicas del plan, de forma que hasta el 40% de las nuevas VPO podrán ser arrendadas (unos 100.000 inmuebles), a las que habrá que sumar otras 70.000 tras su rehabilitación.
Nace la figura del alquiler con opción de compra mediante la que se podrán arrendar las viviendas durante 10 años, tras los que el inquilino podrá comprarla con un descuento del 30% de los pagos por el alquiler.
Para aumentar el parque de viviendas protegidas en alquiler se establecen subvenciones de hasta 410 euros por metro cuadrado útil, ayuda que podrá ser percibida para las viviendas libres no vendidas recalificadas como VPO para alquiler.
Como novedad, el plan también incluye actuaciones para la rehabilitación de viviendas como las ayudas Renove para la mejora de la eficiencia energética y la accesibilidad, a las que se añadirán los 110 millones procedentes del Fondo de la Economía y el Empleo para la puesta en marcha inmediata de sus primeras actuaciones.
La rehabilitación de viviendas se subvencionará con hasta 3.400 euros.
Los promotores piden que el plan detalle las condiciones de financiación
El secretario general del G-14, grupo que aúna a las grandes inmobiliarias, Pedro Pérez, subrayó ayer la necesidad de que el Plan de Vivienda vaya acompañado de un compromiso de bancos y cajas en el que se establezcan “nítidamente” las condiciones para la concesión de préstamos.
Pérez explicó que sin esto, el plan “no deja de ser un declaración de buenas intenciones”.
Las entidades, añadió, deben dejar “claras” las condiciones que tienen que cumplir los ciudadanos para que les den financiaciones para la adquisición de VPO.
El nuevo plan de vivienda incluye una serie de disposiciones transitorias para reactivar el sector inmobiliario.
Entre ellas, se permitirá a los promotores que califiquen como vivienda protegida de precio concertado los inmuebles libres cuya licencia de obra fuera anterior al 1 de septiembre de 2008, en tanto que podrá considerarse como usado cualquier inmueble libre terminado para poder ser calificado como protegido.
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