El ex número dos del Ministerio del Interior Francisco Martínez ha pedido la nulidad del auto que abrió juicio contra él y una decena de acusados por el caso Kitchen sobre el supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, y ha insistido en que se expulse a los partidos políticos como acusación popular.
La defensa de Martínez, representada por los abogados Juan Antonio Frago y Verónica Suárez, continúa con su batalla legal y en esta ocasión ha presentado un incidente de nulidad contra el auto que le sentó en el banquillo de los acusados junto al exministro Jorge Fernández Díaz y a parte de la antigua cúpula policial por la conocida como operación Kitchen.
En su escrito, al que ha tenido acceso EFE este lunes, los letrados cuestionan que el magistrado abriese juicio dos días después de que lo pidiese la acusación popular que ejerce el PSOE -que se adhirió a la petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción diez días antes- y que dicha resolución coincidiese "con las negociaciones del mismo PSOE con Bildu" y fuese "objeto de una notoria e intensa repercusión mediática".
Entiende la defensa que "la premura en atender la solicitud de dicha acusación popular" ha dado lugar a motivos de nulidad, como la inclusión de delitos restringidos al procedimiento de sumario, que no es en el que se encuadra esta investigación, como el de secuestro, por el que acusa Luis Bárcenas y su familia.
Por ello, solicita a la Audiencia Nacional que anule dicha resolución e insiste al juez para que resuelva la petición que formuló hace meses de expulsar del procedimiento a las acusaciones populares que ejercen el PSOE y a Podemos.
Antes de reclamar la nulidad de la apertura de juicio, Martínez ya pidió que se considere al PP responsable civil subsidiario a título lucrativo en el caso de que los investigados resultasen condenados, algo que rechazó el juez por prescripción, y cuestionó que el partido no vaya a juicio como responsable civil cuando, según la acusación, la trama habría participado en el supuesto espionaje a Bárcenas "en beneficio" del partido y usando "fondos reservados".
Además, tanto él como el exministro Jorge Fernández Díaz impugnaron la fianza de 120.000 euros que les impuso el juez y reclamaron que se fijase una responsabilidad solidaria de todos los acusados respecto a la cuantía que "de forma motivada" se calcule en concepto de fianza.
Los dos se enfrentan a una petición de la Fiscalía de 15 años de prisión por este supuesto espionaje que habría sido orquestado desde su departamento en 2013 para conseguir documentos del caso Gürtel que guardaba Bárcenas y que podrían perjudicar al PP y a sus dirigentes.
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