El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, y el consejo de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, explicaron en rueda de prensa que se trata de un protocolo marco que no tiene precedentes en España y que ha sido fruto de la estrecha colaboración iniciada en abril entre ambos organismos.
Según García Calderón, este acuerdo ya ha tenido como resultado el nombramiento de un fiscal coordinador de Menores en Andalucía, que desempeñará el actual fiscal de menores de Granada, Rogelio Muñoz, y “en un tiempo razonable” se ofrecerán al Parlamento andaluz informes sobre la materia.
El fiscal confió en que la firma de este documento contribuya a ahondar en las causas de la criminalidad de los menores “que tantas respuestas tiene en el ámbito escolar”, en la medida en que posibilitará mejorar la información de los hechos, sus estadísticas y, en definitiva, conocer mejor el problema.
Por su parte, Álvarez De la Chica concretó que la colaboración establecida entre la Fiscalía y su Consejería ha permitido la constitución de cuatro grupos de trabajo centrados en el profesorado, la escolarización, el absentismo escolar y la seguridad vial.
Destacó la necesidad de recuperar el prestigio social de los docentes y de garantizar un seguimiento de los delitos y la faltas, a lo que también contribuirá la entrada en vigor de los Reglamentos de Organización de los centros públicos, que recogen por primera vez una carta de derechos al profesorado.
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