La Delegación provincial de la Consejería de Medio Ambiente ha elevado al Juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla la petición formulada a dicho departamento por la compañía minera Cobre las Cruces para desembalsar en el Dominio Público Marítimo Terrestre aguas de contacto “permanentemente depuradas” y depositadas en dos balsas cuya capacidad de almacenamiento podría verse superada a cuenta de las interrupciones sufridas en el sistema de drenaje y reinyección del acuífero Niebla-Posadas.
Según un documento oficial firmado por la delegada provincial de la Consejería de Medio Ambiente, Pilar Pérez, y evacuado al juzgado el pasado 20 de noviembre, la compañía Cobre las Cruces ha formulado tal reclamación alegando que el sistema de drenaje y reinyección “no ha funcionado conforme a lo previsto” en los últimos meses, extremo que la propia filial de la multinacional canadiense Inmet Mining atribuye a la suspensión que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) dictó sobre dicha concesión que afecta al acuífero Niebla-Posadas.
Tal incidente, ya resuelto al autorizar la CHG la reanudación del sistema de drenaje y reinyección bajo los auspicios de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, ha desencadenado que dos de las balsas instaladas en el complejo minero se hayan visto obligadas a albergar “más aguas de contacto de las previstas”, con el consiguiente riesgo de que “superen” la capacidad de almacenamiento de estas balsas.
Vertido de aguas depuradas
Ante tal escenario, Cobre las Cruces ha solicitado a la Consejería de Medio Ambiente autorización para un “vertido de aguas de contacto permanentemente depuradas” en el Dominio Público Marítimo Terrestre, una reclamación que dicho departamento ha elevado al Juzgado de Instrucción número 19 “ante la importante implicación medioambiental de esta situación” y con el fin de “evitar cualquier desastre de efectos irreversibles” debido al “desbordamiento” de las balsas, siempre según este documento recogido por Europa Press y a través de la cual Pilar Pérez queda “a la espera de instrucciones” de la titular del juzgado, Ana Cristina Escribano.
Cabe recordar que la citada instancia judicial instruye las diligencias correspondientes a la querella formulada por la Fiscalía de Sevilla contra la directiva de Cobre Las Cruces a cuenta de la posible comisión de delitos contra el medio ambiente y de daños continuados, extremo que a su vez deriva de los expedientes sancionadores incoados por la CHG contra la empresa por la detracción no autorizada de 75.000 metros cúbicos de agua del acuífero Niebla-Posadas, la práctica de 20 sondeos ilegales y el vertido de arsénico y otras sustancias contaminantes a su cauce.
Por su parte, Ecologistas en Acción ha pedido que no se autorice este vertido, ya que considera que Cobre Las Cruces pretende verter al Guadalquivir todas las aguas ácidas que se han estado generando en la mina en los últimos meses, mientras ha durado la suspensión del sistema de drenaje-inyección del acuífero Niebla-Posadas.
Reintegrarlas al acuífero
“Estas aguas llegarían a Doñana a través del Lugar de Importancia Comunitaria Bajo Guadalquivir que forma parte de la Red Natura 2000”, aseguran los ecologistas, por lo que, según el Plan Hidrológico del Guadalquivir, esa aguas tienen que reintegrarse al acuífero tras un adecuado proceso de depuración osmótica.
Antes de la suspensión, la mina tenía instalados 20 pozos “ilegales” en el fondo de la corta minera que drenaban estás aguas ácidas con alto contenido en Arsénico, Zinc y Cobre y las inyectaban directamente sin depurar, “y sin ningún escrúpulo”, en el acuífero, provocando un grave riesgo en los suministros de agua potable de poblaciones colindantes como Gerena, que por entones bebía directamente del acuífero, y en los pozos de riego para cultivos de la zona.
Las “evidencias” de contaminación por arsénico del acuífero provocaron la suspensión del sistema en mayo, por parte de la CHG, y la paralización de las labores de profundización de la mina por parte de la Consejería de Innovación. Ecologistas en Acción llevó el caso a la Fiscalía de Medio Ambiente y ésta decidió presentar querella contra Cobre Las Cruces en septiembre.
El Juzgado también decidió paralizar de manera cautelar el sistema de drenaje-inyección en octubre, para evitar la contaminación del acuífero, y en noviembre levantó esas medidas cautelares cuando la mina puso en funcionamiento varias depuradoras.
Para solucionar los problemas con las aguas ácidas, y dado que Las Cruces también “ha incumplido su obligación de elaborar un Plan de Contingencias antes de comenzar la excavación, han tenido ahora que improvisar desde mayo la construcción de varias balsas de acumulación para esas aguas tóxicas y la instalación de varias depuradoras móviles”.
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