Tras el altercado ocurrido el pasado domingo, en el que guardas de una empresa privada impidieron el paso de la marcha legal de 250 senderistas, y la actitud de la Guardia Civil que -aseguran- “no defendió el derecho de libre tránsito por este camino público ni el derecho constitucional de manifestación”, 100 participantes en la marcha firmaron una denuncia que ha sido presentada en el Juzgado de Ubrique, pues contaban con la aprobación de la Subdelegación del Gobierno para realizar la marcha.
Ahora, los conservacionistas han denunciado también al presidente de la Junta Rectora, a los máximos responsables del Parque y de la Delegación Provincial de Medio Ambiente por lo que consideran una actitud “negligente, cuando no de franca complicidad con esta usurpación ilegal”, manifiestan.
Tras las numerosas denuncias y peticiones que han presentado durante los últimos seis años sin éxito, pues incluso se ha instalado una malla cinegética “ilegal en estas fincas”, l os ecologistas acuden ahora al nuevo consejero con el objetivo de que se tomen medidas urgentes para que, tanto el presidente de la Junta Rectora como el director del parque natural realicen los trámites y gestiones necesarias para conseguir, en el plazo más breve posible, la total y definitiva apertura de este camino público, y se oferte como un itinerario de uso público del parque.
También solicitan que se proceda a resolver las denuncias presentadas y a incoar los correspondientes expedientes sancionadores a los funcionarios-instructores de los mismos y a quienes hayan podido paralizarlos conscientemente. Igualmente, reclamen que se proceda a la destitución del presidente de la Junta Rectora en caso de que “siga con esta actitud de pasividad y tolerancia ante flagrantes vulneraciones de las normas del parque”.
De momento, un primer paso puede ser el adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Grazalema, que recientemente acordó la clasificación y catalogación provisional de este camino como bien de dominio público adscrito al uso público.
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