El pediatra de nacionalidad colombiana sobre el que pesa una orden de extradición a España por seis presuntos casos de abusos a menores mientras ejercía su profesión en un centro de salud del municipio de Pulpí (Almería) va a cumplir en su propio domicilio lo que resta de los 38 meses de cárcel a los que fue condenado en su país natal por hechos similares.
C.A.R.L., de 42 años, se encuentra recluido en la prisión 'La Picota' de Bogotá desde que fuese detenido en marzo de 2014 en una ciudad de Colombia tras la labor conjunta de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía colombiana, en colaboración con la Guardia Civil en España.
No obstante, según han indicado a Europa Press fuentes judiciales, un juez de ejecución de penas ha decidido que cumpla en arresto domiciliario su condena y ya ha oficiado en tres ocasiones a la cárcel para que se proceda a su traslado. Cabe recordar que el juicio en Colombia se celebró en ausencia del reo, quien habría protagonizado dos huidas; una hacia España y la segunda, de vuelta a su país natal.
La Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia ordenó su extradición en julio de 2014 al estimar la petición tramitada por el Gobierno de España a raíz de que el Juzgado de Instrucción 2 de Roquetas de Mar (Almería) abriese causa contra él como presunto autor de delitos de abuso sexual sobre menores de 13 años y de abuso sexual continuado.
No obstante, C.A.R.L. no será extraditado para ser puesto a disposición de este juzgado instructor hasta que cumpla la pena de 38 meses y 25 días de prisión a la que fue condenado en 2012 tras la denuncia del padre de una de sus víctimas.
Ya entonces, los magistrados señalaron que fue la profesión que ejercía "lo que motivó su acceso al ambiente escolar" y "lo que le facilitó la confianza" de la víctima para que pudiera desarrollar su "perversa conducta". No obstante, la Corte no le inhabilitó profesionalmente.
La última resolución judicial en este caso, de fecha 31 de agosto, ha llevado al gubernamental Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, integrado el Departamento para la Prosperidad Social de la República, a realizar un llamamiento para que la sociedad "se una" y "actúe" para exigir que este tipo de delincuentes "cumplan la totalidad de su pena en la cárcel ya que cometen el peor delito de la humanidad".
En un comunicado, consultado por Europa Press, lamenta que se dé "un caso más" en que un juez "está permitiendo que un violador de un niño o niña siga pagando su pena con casa por cárcel" y recuerda que está "solicitado en extradición por España". "No queremos que los violadores estén en la calle poniendo en riesgo a nuestros niños. Se sigue abriendo esa puerta terrible donde permitimos el otorgamiento de beneficios a violadores de niños, siendo que nuestra ley lo prohíbe en el Código de Infancia y Adolescencia", concluye la organización gubernamental.
C.A.R.L., a quien se investigó en relación a hechos similares en Barcelona, ejerció como pediatra hasta septiembre de 2013 en Almería tras llegar a la provincia en 2008. Accedió al SAS por una bolsa de empleo. Supuestamente, y según las diligencias del juzgado instructor, se ganaba la confianza de los padres ofreciéndose para cuidar a los niños los fines de semana en su domicilio de Aguadulce, en Roquetas de Mar.
HIJOS DE MADRES SOLTERAS
Para acceder a la extradición y dictar resolución en positivo, la Corte Suprema tuvo en cuenta la denuncia de las madres de los menores, que principalmente eran madres solteras o divorciadas con problemas económicos y de origen sudamericano. En esta línea, hacía alusión a la primera denuncia, de julio de 2013, en la que la progenitora de un niño de ocho años daba cuenta de presuntos abusos sexuales mientras el menor estaba a cargo del pediatra en su casa.
Posteriormente, otra madre denunció también que sus dos hijos, de 11 y 7 años, habían sido presuntas víctimas de los abusos sexuales del médico, de forma que trató incluso de forjar una "estrecha relación" con el más pequeño de ellos, de quien trató de ser su padrino y del que tenía una foto en su cuenta de la aplicación Whatsapp. Según el relato de la progenitora, su comportamiento "se volvió obsesivo".
El fallo favorable a la extradición recogía, asimismo, el testimonio de los pequeños ante psicólogos adscritos al EMUME de la Guardia Civil en la que ellos relatan presuntos comportamientos de C.A.R.L. durante el tiempo que acogía a los menores en su vivienda, donde los desnudaba y practicaba tocamientos, o se los llevaba a la piscina.
Igualmente, apuntaba al testimonio de una de las madres que vivió temporalmente en la casa del pediatra para trabajar como empleada interina y que relató que el hombre trataba a uno de los menores "como a una novia", si bien a la casa "iban muchos niños".
Estas declaraciones habrían sido apoyadas además por dos testigos ajenos a los menores y las familias y que señalaron la presencia de menores y comportamientos de carácter sexual entre el acusado y los niños. C.A.R.L., quien se marchó de España de vuelta a su país natal por sospechas de haber sido descubierto, podría llegar a pagar una pena máxima de hasta 34 años de prisión en España.
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