Con un ámbito competencial extenso, a diferencia del que se aprobó en 2017, y que además derive en procedimientos judiciales contra las resoluciones "injustas"
El Ayuntamiento podrá pagar la deuda de 300 millones de euros contraída con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria durante los gobiernos municipales del GIL a través de los bienes intervenidos en los procesos judiciales