No obstante, según detalló el Consistorio chiclanero en una nota, los 28 detenidos por "resistencia a la autoridad" fueron puestos en libertad tras prestar declaración a lo largo de la mañana. Entre las situaciones que se vivieron durante la demolición, familiares del constructor se negaron a abandonar las viviendas y fueron desalojados, llegando algunos de ellos a subirse en los tejados y teniendo que ser bajados por miembros de los Cuerpos de Seguridad. No obstante, no hubo ninguna persona herida.
Según el Ayuntamiento de Chiclana, las diez viviendas fueron construidas con "fines especulativos" por una empresa familiar de la localidad y, a pesar de que a comienzos de 2007 se le notificó al promotor que parase la construcción, éste la continuó. Además, tampoco la detuvo a pesar de que sabía que no las podría vender, dado que existía una anotación en el registro.
Así, ante la inminencia del derribo, en las últimas semanas dejó las casas a familiares, por un lado, y alquiló a otras personas sin informarles de que las viviendas serían demolidas en breve. Estas personas, sin medios para poder alojarse, han sido atendidas por el Ayuntamiento, a través de las delegaciones de Vivienda y Bienestar Social.
La promoción de las diez casas podría haber alcanzado en el mercado, en caso de que hubieran podido venderse, unos tres millones de euros, según las estimaciones realizadas por la Gerencia de Urbanismo.
El Ayuntamiento de Chiclana quiso aclarar que la demolición de las casas no interfiere "para nada" las negociaciones que el Consistorio y la plataforma de las Áreas de Gestión Básicas llevan a cabo desde hace meses y señaló que las casas demolidas ahora no se trataban sino de una promoción para su venta, aprovechando el 'boom' inmobiliario de los últimos años.
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