El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Francisco Toscano, volvió a insistir ayer en que los requisitos incluidos por los firmantes del acuerdo de financiación del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 "se sitúan fuera del marco de la realidad".
A preguntas de los periodistas tras firmar un convenio marco de colaboración con la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Teresa Jiménez, Toscano insistió en que "hay un punto que está fuera de la realidad", como es, según dijo, "la exigencia de que los jóvenes que quieren acceder a una vivienda tengan que tener un puesto de trabajo o una economía estable durante los últimos tres años".
Al hilo de ello, el presidente de la FAMP aseguró comprender que las entidades financieras "tienen que mirar por que sus créditos se puedan amortizar y que haya garantías de cobrarlos", pero aseveró que "no se puede perder de vista que la garantía de ese crédito es una garantía hipotecaria".
"Exigir que haya una estabilidad de empleo los tres años anteriores al acceso a la vivienda es situar el marco fuera de la realidad", incidió Toscano, quien ya calificó ayer, en declaraciones a Europa Press, de "magnífico" el acuerdo para financiar el Plan Concertado "que supone sensibilizar a las entidades financieras ante este problema", pero mostró su preocupación por los requisitos "alejados de la realidad" exigidos para ser adjudicatario de una vivienda protegida en dicho convenio.
Por su parte, el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, calificó ayer de "papel mojado" el acuerdo de financiación del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, ya que significa un "escenario muy limitado" que hace "imposible que los jóvenes y los más necesitados accedan a una vivienda".
En declaraciones a Europa Press, Valderas lamentó que las entidades financieras y el presidente de la Junta, Manuel Chaves, se mantengan "alejados" de la realidad de los ciudadanos, a los que "desde luego, no van a beneficiar ni a facilitar un crédito hipotecario para adquirir una vivienda".
"El objetivo debe ser ampliar las posibilidades de los ciudadanos a adquirir una vivienda, algo que no permiten estos requisitos, que en vez de flexibilizar las posibilidades de los ciudadanos, lo que hace es alejar una VPO", apuntó el coordinador general de IULV-CA, que lamentó que "se sigan poniendo tantas trabas para conceder una hipoteca".
Asimismo, el líder de la federación andaluza de izquierdas explicó que a todos estos problemas hay que sumar que existen más de 90.000 viviendas vacías y que se van a construir en los próximos años 132.000 VPO, por lo que "la solución y el camino más correcto es el de proceder a la bajada de precios".
"Hay que impulsar ayudas más eficaces y que flexibilicen las condiciones para adquirir la financiación para comprar una vivienda", subrayó Valderas, que dejó claro que además de esta "flexibilización" de las condiciones exigidas por las entidades financieras para conceder un crédito hipotecario, hay que "asumir, que el precio de la vivienda debe bajar".
Los consumidores también la ven excesiva
Mientras, las organizaciones de consumidores UCE-Andalucía y Facua-Consumidores en Acción rechazaron los criterios establecidos en el convenio de financiación del Plan Concertado de Vivienda 2008-2012, al considerarlos "injustos" y "excesivos" para los adjudicatarios y compradores, por lo que pidieron mayor flexibilidad en la aplicación de dichos criterios "objetivos" establecidos en el acuerdo.
Así, el secretario general de la Unión de Consumidores de Andalucía (UCE-Andalucía) José Luis Gómez, coincidió con el presidente de la FAMP al considerar que "no se deben establecer criterios rígidos a la hora de aplicar los requisitos para conceder créditos a cada uno de los ciudadanos adquirentes de una vivienda protegida", por lo que pidió que los criterios objetivos de la financiación del Plan de Vivienda se apliquen "analizando caso por caso, porque su aplicación no puede ser tan sistemática".
UCE-Andalucía consideró, sobre los criterios objetivos apuntados en el convenio de financiación del Plan Concertado de Vivienda 2008-2012 para poder ser adjudicatario de VPO, que "siempre habrá ciudadanos que se queden fuera, por lo que es difícil que esos criterios tengan una aplicación global para todas las personas que estén en una situación difícil", por lo que demandó que "la aplicación de criterios objetivos se debe hacer caso por caso, analizando las circunstancias de cada solicitante, porque puede haber personas que tengan unas circunstancias especiales y a priori no puedan entrar en los requisitos exigidos".
"Se deben analizar caso por caso las circunstancias de los ciudadanos, pues puede darse la circunstancia de que haya personas que necesitan una VPO pero que no cumplen todos los criterios objetivos contemplados en el acuerdo de financiación"·, agregó el portavoz de UCE-Andalucía en declaraciones a Europa Press, tras lo que, aunque reconoció que los criterios "no nos parecen mal", sí consideró que "hay que ser flexibles a la hora de aplicar esos criterios, pues no hablamos de objetos sino de personas con unas determinadas circunstancias".
De esta forma, rechazaron que cuando se establezcan los criterios para conceder un crédito para vivienda protegida "no existe cierta flexibilidad, porque se pueden dar circunstancias injustas, con personas que sin cumplir todos los requisitos puedan afrontar le pago de una VPO por otros medios".
Tras recordar que recientemente UCE-Andalucía mantuvo una reunión con los responsables de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, para "profundizar en el desarrollo del pacto y en el desarrollo de la Ley del Derecho a la Vivienda", trasladaron a la Consejería la necesidad de una "flexibilidad" en la aplicación de lo establecido y anunciaron que harán un seguimiento de todo lo acordado "pues no queremos que la financiación sea para otros intereses que no sean el beneficio de los ciudadanos, ya que de lo contrario, estaremos todos haciendo mal los deberes".
De esta forma, esta asociación estará "vigilante" para que en la financiación del Plan "prime el interés ciudadano sobre el privado y empresarial" y exigirán que esa gran cantidad de euros "no sirvan para engrosar los ingresos de las entidades financieras, sus balances y sus cuentas de resultados, sino que se destinen para los intereses ciudadanos".
Falta Información
Por su parte, la Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-Facua lamentó tener que conocer las condiciones del convenio suscrito entre las entidades financieras y el Gobierno autonómico "por la prensa, pese a tener firmado con el presidente de la Junta, Manuel Chaves, un acuerdo para la efectividad del pacto", por lo que reclamó la participación de los consumidores en la mesa de seguimiento del Pacto por la Vivienda.
Facua Andalucía indicó que ha venido demandando que "se establecieran unos requisitos claros para el acceso al crédito de los solicitantes de vivienda en los acuerdos suscritos entre el Gobierno andaluz y las entidades financieras que evitaran situaciones desproporcionadas y de abuso", por lo que criticó que "no se haya pulsado la opinión de los consumidores y que no se les haya informado de cuáles son los términos en los que se ha desarrollado el acuerdo".
En ese sentido, la Federación valoró el hecho de que se haya dado el paso de establecer las condiciones para acceder a la financiación, pero consideró "excesivas" las fijadas en el citado pacto, además de "poco claras".
Facua recordó que desde hace años "viene pidiendo en los anteriores planes de vivienda un mayor nivel de información y de intervención en los acuerdos de la Junta de Andalucía con las entidades bancarias", y recordó que en algunos casos "las entidades bancarias "solicitan condiciones que pueden resultar abusivas, además de no facilitar suficiente información a los consumidores a la hora de contratar los préstamos, unas situaciones que se han ido sucediendo y que ahora se unen a denegaciones de préstamos para una VPO exigiendo niveles de solvencia excesivos".
Precisó que en el último ejercicio, las consultas y reclamaciones sobre cómo resolver los contratos de compra por parte de los consumidores porque no le han concedido la financiación "han aumentado de forma considerable en Facua Andalucía".
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