El Gobierno municipal quiere que las Ordenanzas Fiscales para 2021 estén en vigor el 1 de enero y para ello ha convocado un Pleno extraordinario este lunes. A la vista tiene ya un borrador de Presupuestos, que es el paso posterior y el equipo municipal no quiere que se apruebe a mediados del ejercicio como el anterior, algo que puede conseguir gracias a la mayoría absoluta que le da el pacto con Ciudadanos.
El Gobierno municipal defiende que las Ordenanzas “vienen marcadas por la tendencia iniciada ya en ejercicios anteriores de lograr los objetivos de dar impulso a la actividad económica en la ciudad, de adoptar medidas de carácter social para que todos y todas puedan tener una mejor calidad de vida, de propiciar la igualdad de oportunidades y de hacer frente en el corto, medio y largo plazo a la protección del medio ambiente”.
La piedra de toque de estas Ordenanzas está centrada en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la antigua Contribución que en el caso de San Fernando es eminentemente urbana y que supone un 20 por ciento de lo que el presupuesto estima gastar el año que viene. O sea, alrededor de 19 millones de euros.
El Gobierno ha decidido congelar el tipo impositivo, sobre todo porque tampoco va a haber ninguna subida del valor catastral por parte de la Dirección General del Catastro y además se va a rebajar la presión fiscal con bonificaciones en el pago de este impuesto.
Se incrementa del 50% al 90% la bonificación en aquellos inmuebles preparados para promoción de nuevas viviendas, siempre que se pongan en productivo y se inicie su proceso ejecución para promover la actividad económica y la creación de empleo en el sector de la construcción.
También se incrementa la bonificación para las viviendas de protección oficial, de manera que a la ya existente de reducción del 50% en los primeros tres años, se pasa a una rebaja del 30%, 20% y 10% en el 4º, 5º y 6º año. En total, tres años más de lo ya establecido.
Para potenciar actuaciones en favor del medio ambiente y de apuesta por las energías renovables, se incrementa la bonificación del IBI a la instalación de placas termosolares, que pasa del 31,25% al 50%. Y tanto en el caso de la energía solar térmica como de fotovoltaica de aquellos inmuebles que no sean de carácter residencial (actividad económica, etc.), se aumenta la bonificación del 25% al 50%, igualando la rebaja en el ámbito residencial y en la actividad económica.
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Las cuentas del Gobierno raramente -por no decir ninguna- gustan a la oposición y el presidente local y portavoz del PP en el Ayuntamiento isleño, ha anunciado la presentación de 18 alegaciones presentadas que buscan la reducción de costes frente a la política r”ecaudatoria, convertida en el ‘santo y seña’ de la socialista Patricia Cavada”.
“Desde nuestro Grupo Municipal ya expresamos, en el pleno donde se aprobó el borrador de las Ordenanzas, nuestra disconformidad con el escaso esfuerzo realizado por este equipo de gobierno para reducir la carga fiscal municipal y adaptarla a la situación de crisis que estamos viviendo. Más aún, sabiendo que en el próximo ejercicio aún tendremos que lidiar con las enormes secuelas sociales y económicas generadas por la pandemia”, ha dicho Loaiza.
De las 35 ordenanzas fiscales municipales vigentes sólo en cinco se han introducido reducciones o bonificaciones para 2021, modificaciones además de escasa relevancia económica. De hecho, la única modificación que ha podido ser cuantificada económicamente es la bonificación para el primer semestre de la “Tasa por la ocupación con terrazas”, cuya repercusión se ha cuantificado por los técnicos municipales en apenas 38.000 euros.
En cuanto al IBI, tras la subida del 6% aprobada para 2020, tampoco hay modificaciones relevantes para 2021 más allá de algunas leves pinceladas en viviendas de tipo VPO y aquellas en las que se instale energía solar. “Más de 19 millones de euros que se sacarán del bolsillo de los ciudadanos sin tener en cuenta su capacidad económica, fuertemente mermada en este último año”, afirmó.
Andalucistas
El portavoz del Grupo Municipal AxSí, Fran Romero, también anunció alegaciones a las nuevas ordenanzas fiscales propuestas por el equipo de gobierno. Romero subraya que éstas no son unas ordenanzas fiscales cualquiera, ya que se tienen que ajustar a las "funestas consecuencias económicas de una nueva realidad marcada por una situación inédita, la pandemia de la Covid-19, y que ha agravado la vulnerabilidad de muchas familias y ha hecho vulnerables a tantas otras que no lo eran".
“La Administración local tiene la obligación de estar a la altura de las circunstancias y, por el momento, se aleja mucho de ello. En lugar de trabajar para aliviar la complicada situación que afrontan los isleños e isleñas, PSOE y Cs tienen el dudoso honor de dejarnos para el recuerdo un 2020 que permanecerá como el año de mayor presión fiscal de la historia de San Fernando. Ya que será el año en el que se nos subió abusivamente el IBI en un 6 por ciento, se perdió la oportunidad de que se dejase de aplicar una subida anual del 3,25 por ciento en el recibo del agua y alcantarillado, que se incrementará en un 14 por ciento al final del mandato, y se comenzó a cobrar una nueva tasa de tratamientos de residuos que la señora Cavada dijo durante la última campaña electoral que no se iba a cobrar y que habrá que pagar de nuevo en 2021”, señala el portavoz.
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