El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, quiso dejar claro ayer que este tribunal no tomó la iniciativa a la hora de decidir a dónde debían ser trasladados los piratas, cuyo encarcelamiento en España está complicando la liberación de los 36 tripulantes del pesquero después de 42 días de secuestro.
Según manifiesta la Audiencia Nacional, el juez Baltasar Garzón “cumplió con la ley al ordenar su traslado para legalizar” la situación de los detenidos, después de la petición que le cursó la Fiscalía General del Estado, a partir de la denuncia del arresto presentada por la Abogacía del Estado.
“Ningún juez de la Audiencia Nacional ha reclamado para sí la competencia del caso, ni exigió que se presentara denuncia alguna”, concluye el tribunal, de cuya decisión depende qué se va a hacer con los piratas Abdu Willy y Raageggesey Adji Haman, cuyo regreso a Somalia exigen los secuestradores para poner fin al cautiverio.
"POR UNANIMIDAD"
A la explicación de la Audiencia Nacional se ha unido la del Gobierno, que ha asegurado que la detención de los dos piratas se asumió “por unanimidad” de todos los integrantes de la comisión de seguimiento del secuestro.
Este órgano está encabezado por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, e integrado por los ministros de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos; de Defensa, Carme Chacón; de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa; el director general del CNI, Félix Sanz Roldán; y el jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), José Julio Rodríguez.
Según el Gobierno, el arresto se tomó a la luz de los informes que poseía el Jemad, después de que algunos medios hayan publicado que hubo discrepancias a la hora de decidir si se detenía o no a los dos piratas y si había que trasladarlos a Kenia o a España.
El Ejecutivo no dio en la jornada de ayer jueves pistas sobre la vía legal por la que va a optar para resolver el problema, aunque la decisión judicial para que se pueda materializar está en manos de la Audiencia Nacional.
El juez de este tribunal Santiago Pedraz ha rechazado la petición del abogado de Abdu Willy de retirar la imputación de asociación ilícita, a la que suma la de 36 delitos de detención ilegal y uno de robo con violencia y uso de armas.
Pedraz considera que “no es el momento procesal oportuno” para retirar esta acusación, que en caso de salir adelante –según el abogado– facilitaría la expulsión del pirata a Somalia en aplicación de la Ley de Extranjería, al ser la pena inferior a seis años de cárcel por ser sólo cómplice.
Para beneficiar las gestiones del Gobierno, el portavoz de Justicia del Partido Popular y ex ministro de Defensa, Federico Trillo, eludió dar su opinión, aunque ha admitido que se le “abren las carnes” y se le tiene que “despertar un vivísimo sentimiento de responsabilidad” para mantener silencio sobre este asunto.
Trillo añadió que si son las familias las que piden ese silencio, “no será el PP quien estropee la negociación”, aunque ha recordado que el Partido Socialista Obrero Español no mantuvo la misma actitud con el 11-M o el accidente del Yak-42.
AGENTES DE SEGURIDAD PRIVADA
A la espera de la resolución del secuestro del atunero Alakrana, el primer grupo de agentes de seguridad privada que se embarcarán en los trece atuneros con bandera española que faenan en el Índico para reforzar su seguridad partirán hoy hacia las Islas Seychelles en un vuelo de las Fuerzas Armadas.
También se trasladará a la zona el armamento de guerra que van a utilizar los 52 vigilantes, todos ellos españoles y con formación militar.
Su formación ha incluido preparación psicológica y el conocimiento de los protocolos de actuación para las distintas situaciones que se pueden presentar durante su trabajo en los barcos.
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