El precio de los inmuebles que salgan a la venta, de forma voluntaria por parte de los promotores y de las entidades financieras, será como máximo el valor de la hipoteca concedida al promotor, lo que supone un descenso del veinte por ciento sobre su coste inicial.
Las entidades financieras que se acojan a dicha medida tienen que ofrecer garantías de financiación del cien por cien del valor hipotecario de la vivienda, un plazo de amortización de treinta años, el euribor más un punto y una carencia de tres años en el pago de las cuotas, de forma que durante esos años sólo se abona interés y no capital.
Para los cinco siguientes años la Junta pone a disposición de los compradores préstamos personales, a precio de mercado, reembolsables a partir del noveno año desde la adquisición, por importe de entre 9.000 y 15.000 euros, en función del perfil del comprador.
Por ejemplo, una vivienda a precio de mercado de 185.000 euros tiene un valor hipotecario de 150.000 euros, con lo que, si el comprador obtiene un préstamo personal reintegrable de 9.000 euros, paga, con los tipos actuales, durante los tres primeros años una cuota mensual de 375 euros y los cinco siguientes 526 euros, frente a 780 euros que tendría que abonar si no se aplicara esta medida.
Si la ayuda conseguida por el adquiriente llega a 15.000 euros (en caso de jóvenes, discapacitados y familias con niveles de renta bajos y medios para una vivienda habitual) las cuotas serían de 375 euros los tres primeros años, de 426 euros los cinco siguientes y de 753 a partir del noveno año.
A partir de ese año el comprador deberá reintegrar la aportación de la Junta, que se incorporará al principal de su hipoteca y se amortizará durante su vigencia, no obstante las entidades financieras deberán ingresar en la Tesorería de la Junta, de una sola vez al inicio de este ejercicio, los 1.000 millones aportados, junto con los intereses devengados.
La consejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo, y el consejero de Vivienda, Juan Espadas, explicaron ayer en rueda de prensa los detalles de esta iniciativa con la que se pretende dinamizar el mercado de la vivienda y su impacto en la actividad económica y el empleo, y han destacado que es beneficiosa para todas las partes.
Esta medida tiene carácter coyuntural, de forma que sólo estará en vigor en el año 2010, y a partir de ahora se abre un mes de plazo para que las entidades y los promotores comuniquen si se adhieren al convenio para participar en este proyecto, indicó Aguayo.
Espadas recordó que en Andalucía la reserva de viviendas sin vender es de 68.037 y explicó que este proyecto abarca a las viviendas protegidas y a las de renta libre y el precio límite máximo para acogerse al programa es de 245.000 euros y que las viviendas estén construidas o se terminen antes de diciembre de 2010.
El valor hipotecario medio de las viviendas en reserva que ha aflorado es de 152.000 euros, la superficie media oscila entre 90 y 120 metros cuadrados y las provincias de Málaga, Sevilla y Almería concentran el 55 por ciento del total.
La consejera destacó que también el comprador puede obtener ventajas fiscales si adquiere la casa antes de diciembre de 2010 mediante la deducción el IRPF de la adquisición de la primera vivienda (que se suprime en 2011).
Asimismo, si compra antes del 1 de julio de 2010 el tipo aplicar en la tributación del IVA se mantiene en el siete por ciento y a partir de esa fecha subirá.
Por tanto, el ahorro fiscal por IRPF oscila entre 34.000 y 36.000 euros y por IVA entre 1.200 y 1.700 euros, según la consejera.
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