El Proyecto Justicia 2030 pretende ir “a una versión más moderna de la Justicia” y su objetivo es “poner a la Administración de Justicia a la altura de otros servicios públicos” como la Sanidad. También busca “fortalecer” la capacidad del sistema para atender a la ciudadanía y cumplir de mejor manera con su función de servicio público.
Así lo ha explicado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, durante su intervención en el programa Acento Andaluz, de 7TV Andalucía. Dicho proyecto nace de la “necesidad” por agilizar y modernizar la Administración de Justicia reorganizando juzgados y tribunales, introduciendo medios telemáticos y acabando con el colapso de los tribunales mediante, entre otras cosas, de sentencias orales.
Sin embargo, este proyecto se ha visto de alguna manera coartado por la pandemia del coronavirus, obligando al Gobierno de España a decretar el estado de alarma y mantenerlo durante ya más de dos meses. “La Ley de Sanidad establece ciertas prorrogativas pero no permite circunstancias. Ahora mismo es el decreto de estado de alarma o no hay alternativa”, ha asegurado Campo sobre la importancia de que este miércoles el presidente de la Nación, Pedro Sánchez, consiga los apoyos suficientes para mantener este decreto.
Hace ya una semana, el Gobierno sacó adelante el plan de choque de Justicia ante la Covid-19 con el apoyo del PNV y ERC. Este decreto incluye medidas sin precedentes como juicios durante el mes de agosto, turnos de mañana y tarde, generalizar la videoconferencia y el teletrabajo o abogados sin toga, por ejemplo. Eso sí, el ministro no ha detallado una cuantía económica para este plan. “Habrá recursos económicos para afrontar este plan de choque de la Justicia para que ésta sea un elemento de reactivación económica”, ha dicho.
Campo ha insistido en que “trabajamos en una ley muy avanzada con las comunidades autónomas donde se necesitará una memoria económica”, aunque, por ahora, sin concretar la financiación.
Por otro lado, el ministro ha mantenido su intención de que continuen los juicios durante el mes de agosto pese a las protestas reiteradas de abogados y diferentes colectivos. “Parar en agosto no lo iba a perdonar la ciudadanía”, ha comentado. También, ha explicado que entiende los gestos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como volver a hacer nombramientos discrecionales, aunque ha asegurado que puede ser una maniobra de otros partidos políticos.
Sobre el inminente aluvión de demandas a los gobiernos autonómicos o nacionales por la gestión del coronavirus, Campo ha manifestado que “cada ciudadano tiene la capacidad de ejercer sus derechos” pero ha insistido en que “se ha actuado con responsabilidad y siguiendo las pautas sanitarias”.
Por último, el ministro ha tendido la mano a la Junta de Andalucía, con quien dice tener una “colaboración estrecha” y espera que dé resultado la actual “cogobernanza”.
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