Las organizaciones agrarias han hoy aplazar la movilización prevista para el jueves en el puerto de Algeciras por "el agravamiento de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus". En un comunicado, Asaja, UPA, Cooperativas Agro-alimentarias y COAG señalan que, una vez que remita la situación de crisis, "los agricultores andaluces volverán a conventrarse bajo el lema 'Competencia desleal, ¡NO!, tanto en el puerto de Algeciras como en otras acciones revindicativas hasta que no se tomen las medidas necesarias y urgentes que palien los graves perjuicios que sufre el sector".
La decisión, adoptada por "responsabilidad y prudencia", se toma, señalan, a pesar de la insostenible situación que atraviesa el sector. Espoleados por el éxito de la tractorada celebrada el pasado 18 de febrero en Villamartín y ante la falta de respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez, las organizaciones agrarias marcaron en rojo el día 12. La concentración estaba prevista que se celebrase a partir de las 11.00 horas, frente al puerto de Algeciras, al que tachan de “coladero” de productos importados sin control de países de fuera de la Unión Europea (UE).
El sector denuncia que solo se inspecciona el 10% del total del producto que entra en España y el incumplimiento reiterado de los convenios suscritos con terceros países, de manera que se superan con creces los contingentes acordados.
COAG ha advertido, además, de la apertura mediante acuerdos para la liberalización del comercio de productos agrarios y pone las cifras sobre la mesa. Las importaciones hortofrutícolas de Marruecos a la UE han pasado de 895.727 toneladas en 2009 a 1,3 millones en 2018, el 52%; las de Egipto, se han disparado en un 40%. Esto provoca el hundimiento de precios y la desestabilización de los mercados. Y “de ello -lamenta el máximo responsable andaluz de la entidad, Miguel López- se están beneficiando las empresas de comercialización y las empresas de distribución”. A costa del agricultor y ganadero nacional que, subraya, juegan con otras reglas, tanto por los costes de producción como laborales.
En Marruecos, por ejemplo, se paga hasta 18 veces menos la mano de obra con respecto a España. Y la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), tal y como ha reconocido el propio secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, agrava el problema hasta el punto de que ya afecta a los trabajadores del campo. Los cooperativistas de la provincia lo denunciaron en noviembre y UGT ha alertado, en este sentido, las grandes dificultades para integrar el nuevo SMI en los convenios del sector.
“Lo que se nos exige aquí no se le exige a nadie”, agrega Pedro Gallardo. El máximo responsable de Asaja Cádiz se refiere a las exigencias en cultivo. Hay acuerdos internacionales que permiten importar naranjas de Sudáfrica con más de 50 materias activas prohibidas en Europa o el tomate del norte de África, con más de 20. Bruselas solo autoriza en sus fronteras unas 450 de las 680 reconocidas mundialmente.
Pero, además, la Política Agraria Común (PAC) obliga desde 2018 a la prohibición de usar productos fitosanitarios en las denominadas Superficies de Interés Ecológico (SIE): en las explotaciones de más de 15 hectáreas de tierra arable, se debe dejar al menos un 5% del terreno en barbecho o bien haciéndola productiva sembrando cultivos fijadores de nitrógeno, como habas, garbanzos o guisantes, a los que no se puede tratar con producto fitosanitario alguno. “Registramos todo en un cuaderno de calco”, explica. Esto supone un coste burocrático y de oportunidad inasumible.
La UE tampoco autoriza los cultivos transgénicos, salvo un tipo de maíz. Pero, pone de ejemplo para ilustrar la desigualdad existente, “el 95% de la soja mundial es transgénica, así que entra en el continente pero no se puede producir”. Ante esta situación, las organizaciones agrarias defienden que se cumpla el principio de preferencia comunitaria: “Primero lo nuestro y después lo de los demás”. Y reclaman que los productos que vengan de países terceros cumplan con los mismos requisitos medioambientales, laborales y, subrayan, de seguridad alimentaria que los que se aplican en Europa.
Al respecto, es clave el doble etiquetado, en el que se indique el origen y la trazabilidad. Gallardo recuerda en cuanto a esto último que fue clave para superar la crisis del pepino en 2011, cuando Alemania acusó falsamente a unos agricultores almerienses de haber puesto en el mercado hortalizas que originaron el brote de la bacteria e-coli que acabó con la vida de 56 personas en el país germano.
En menos de 24 horas se habían localizado los productores sospechosos en España y se habían tomado muestras para analizar durante el fin de semana siguiente para determinar que estaban siendo acusado injustamente, gracias a los controles existentes.
También reivindican más implicación por parte de las administraciones. En especial, del Gobierno central. Miguel López plantea sentar a los responsables de una decena de ministerios y abordar la confección de un plan integral. Lo que hasta ahora por parte de Pedro Sánchez es “inconcreto e insuficiente”, dice. Y advierte: “Somos gente del campo, no somos tontos”.
Falta personal portuario
El Puesto de Inspección Fronteriza (PIF) del puerto de Algeciras, donde tenían previsto concentrarse las organizaciones agrarias este jueves, precisan al menos de 15 plazas más para cubrir las necesidades del servicio y atender los cambios en la inspección hortofrutícola. Así lo ha reconocido el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), Gerardo Landaluce, quien ha trasladado esta demanda al Gobierno central y a Puertos del Estado. El PIF no aumentó el número de inspectores en sanidad exterior entre los años 2010 y 2018, según ha denunciado la patronal del transporte CETM Frigoríficos.
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