Un portavoz del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil informó ayer a los periodistas de que el agente ha aportado su testimonio tras ser conducido en un vehículo a la Comandancia del instituto armado en Málaga.
Durante el interrogatorio, el policía estuvo acompañado de su abogado, que no ha podido conocer en profundidad los extremos de la denuncia al estar secretas las actuaciones desde el pasado junio, apuntaron a Efe fuentes próximas al caso.
Entre otras cuestiones, se le preguntó si ha podido utilizar su cargo para agilizar expedientes municipales, y si conoce la causa por la que no se han demolido algunas construcciones ilegales sobre suelo no urbanizable.
Tras finalizar la declaración, el agente firmó el atestado y se le puso en libertad con cargos al considerar que no hay riesgo de fuga ni de que destruya pruebas.
También una funcionaria del Ayuntamiento de Almogía quedaba en libertad por la tarde tras declarar ante la Guardia Civil como imputada en esta investigación.
Fuentes cercanas al caso informaron a Efe de que hoy está prevista la toma de manifestación a otras tres personas, algunas de las cuales no pudieron acudir ayer a la Comandancia del instituto armado en Málaga por diversas razones. Los dos imputados en esta investigación que han pasado ya por la Guardia Civil han quedado pendientes de que la jueza instructora del caso decida sobre su situación.
El procedimiento que se está siguiendo por los investigadores es citar a personas a las que se les informa de que van a ser imputados para que acudan ya asistidas por un abogado.
En esta operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga, han sido imputadas una veintena de personas, más de las previstas inicialmente tras un primer examen de la documentación incautada en el registro de las dependencias municipales, que el martes se prolongó durante doce horas.
Los agentes del instituto armado intentan dirimir si ediles y funcionarios municipales en Almogía, que prestarán declaración, han cometido los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad y alteración del precio de las cosas.
En estas primeras declaraciones las preguntas se orientarán a averiguar el motivo por el que no se habían cumplido los expedientes sancionadores -que en algunos casos ordenaban demoliciones o paralizar las construcciones llevadas a cabo en suelo rústico-, así como a determinar cómo se regía el importe de las multas.
La Guardia Civil intenta dirimir si ediles y funcionarios municipales en Almogía han cometido los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad y alteración del precio de las cosas.
Varios meses de investigación tras la primer denuncia
La investigación judicial se inició a principios de este año, aunque transcurrieron varios meses hasta que intervino la Fiscalía de Medio Ambiente, tras lo que se declararon secretas las actuaciones.
Por su parte, el alcalde de Almogía, Cristóbal Torreblanca (PSOE), reanudó ayer su labor en el Ayuntamiento tras concluir la Guardia Civil la noche del miércoles el registro de las dependencias municipales, que se prolongó doce horas.
Torreblanca aseguró a Efe que se encuentra "bien, trabajando" y que, tras la jornada vivida el miércoles, los integrantes de la Corporación municipal "han vuelto a sus tareas".
Reiteró que está "tranquilo" y que si como consecuencia de la investigación judicial resulta imputado en el caso, renunciará al cargo, en el que lleva 26 años, así como al acta de concejal, y que presentará asimismo la "baja automática" del partido, decisión que ha comunicado a la dirección del PSOE malagueño.
En los últimos seis años, el Ayuntamiento de Almogía ha incoado 283 expedientes de disciplina urbanística por construir en suelo no urbanizable, la mayoría relativos a viviendas y chalés edificados en el campo y a la conversión de casas de aperos en viviendas, según recordó el portavoz local de IU, Diego Aranda.
Almogía, con 4.300 habitantes y situado a 23 kilómetros de la capital malagueña por carretera, está gobernado por los socialistas, que tiene ocho ediles, mientras que IU tiene dos y el PP, uno.
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