El acuerdo de gobierno suscrito entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias el 30 de diciembre encendió las alarmas en la provincia, especialmente castigada por el paro, dado que contempla la derogación de la reforma laboral. Autónomos y graduados sociales, tal y como publicamos la semana pasada, han mostrado su preocupación por un eventual frenazo en la contratación y el fomento de la economía sumergida. CCOO y UGT rechazaron, por su parte, el alarmismo.
Pero el documento también incluye medidas sobre inmigración y pensiones que afectan de lleno a Cádiz, que cuenta, además, con colectivos muy reivindicativos en estas materias. PSOE y Unidas Podemos plantean reforzar “el Sistema de Seguridad Social, en el marco del diálogo social, y del Pacto de Toledo, con máxima transparencia, para garantizar su sostenibilidad a medio y largo plazo” y, como propuesta más concreta, eliminar “el factor de sostenibilidad y el Índice de Revalorización de Pensiones de la Seguridad Social previstos en la Ley 23/2013”.
Por otra parte, se han comprometido a promover “una política europea de inmigración justa y solidaria”, para lo que modificarán el sistema nacional de acogida e inclusión “para hacerlo más eficiente y solidario” y dotarán el Fondo estatal de integración “como instrumento esencial de colaboración del Estado con las comunidades y los municipios en este ámbito”, entre otras iniciativas. No hay, por el contrario, referencia expresa al Brexit en las 50 páginas rubricadas por los líderes del PSOE y Unidas Podemos, aunque expresan su intención de reforzar “el proyecto europeo, impulsando una Europa más fuerte y ágil, pero también más democrática”.
Tampoco la lucha contra el narcotráfico tiene cabida, pese a que dedican un capítulo a la prevención de las adicciones a los juegos de azar y apuestas. En cualquier caso, tan importante como la acción de gobierno es lo que tienen que decir al respecto quienes, día a día, defienden los derechos de los colectivos en la provincia. Preguntamos y responden.
Pensiones
Ángel Novo lo tiene claro. Las promesas no bastan. El representante de la Plataforma Roteña en Defensa de las Pensiones Públicas asegura que el colectivo, como hizo el mismo día de Reyes y desde hace dos años, continuará manifestándose cada lunes, de 12.00 a 13.00 horas, frente al Ayuntamiento. “Nos seguiremos movilizando hasta ver escrito en el BOE nuestras reivindicaciones”, responde cuando se le pregunta si alterarán la agenda prevista por la constitución del nuevo Gobierno. “Estamos hechos de otra pasta, trajimos la democracia, no nos vamos a cansar”, advierte. Como poco, reclama a PSOE y Unidas Podemos que el sistema de pensiones se mantenga como sistema público, proporcional y de reparto y, en caso de necesidad o déficit, se acuda a los Presupuestos, la revalorización automática en relación al IPC real anual, la supresión del factor de sostenibilidad y el principio de que cuanto más se viva menos se cobra, y la reducción, hasta su desaparición, de la brecha de género en las pensiones. “Vamos a esperar un par de meses”. Cortesía. Pero estarán vigilantes para que cumplan lo prometido y dispuestos a movilizarse para que lo hagan.
Inmigración
Diego Boza no se deja llevar por la esperanza y apela a la experiencia para justificar su tono reivindicativo. “Con el PSOE en el Gobierno no hubo diferencia con las políticas de llegada y la gestión en materia migratoria”, asegura. Ahora, desde la Asociación Pro Derechos Humanos, reclama al nuevo Ejecutivo que defienda políticas más humanas, combatiendo los aspectos negativos en los que se ha focalidado el fenómeno. De manera que, explica, el nuevo Gobierno debe defender políticas de integración y en defensa de quienes están contra el racismo y trabajar para reducir a cero el número de muertos y tender la mano a refugiados. “España e Italia deben convertirse en defensores de políticas más humanitarias en Europa”, apunta. “Estaremos pendientes”, avisa, aunque destaca que “hay personas muy sensibilizadas en la materia en el Gobierno”. “Esperamos un cambio muy importante”, admite finalmente. En cuanto a la denominada Ley Mordaza, recuerda que el anterior Gobierno socialista tampoco la derogó, de modo que ve ahora una buena oportunidad para elaborar un nuevo marco de respeto y garantía de derechos.
Narcotráfico
El presidente de la coordinadora comarcal antidroga Alternativas, Francisco Mena, está satisfecho con los resultados del Plan de Seguridad puesto en marcha por Interior en agosto de 2018 por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. “Se había perdido el principio de autoridad y el narcotráfico campaba a sus anchas”, relata. El dispositivo, que ha contado con más de 20 millones de euros de presupuesto, se ha saldado en su primer año y medio con la aprehensión de 216 toneladas de droga la detención de 7.133 personas. “Esperemos que el Plan de Seguridad continúe con el nuevo Gobierno”, confía, al tiempo que reclama que el Ejecutivo retome la propuesta que ya planteó el PSOE para llevar a cabo un plan integral de intervención en el Campo de Gibraltar con inversiones. “Quien piense que esto se arregla solo con meter gente en la cárcel se equivoca”, remarca. “El narcotráfico se nutre de la baja catadura moral, pero también de la exclusión social y de la falta de oportunidades”, explica. Con respecto a las iniciativas de Unidas Podemos encaminadas a la legalización del cannabis, Mena considera que el debate siempre está bien, pero hay que dar un paso y detallar qué modelo de legalización se defiende. “Habrá que reflexionar sobre qué hacemos con los menores, que podrían acceder a las drogas en un mercado ilegal o determinar quién asume el coste sociosanitario”, advierte.
Brexit
El 1 de enero, de madrugada, todo seguía igual. La bandera europea ondeaba al otro lado de la valla. En suelo español hace mucho que se echa en falta. Por el momento, todo sigue igual. El delegado portavoz de la Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar, Juan José Uceda, confía en que todo siga así y, especialmente, que se cumplan los acuerdos que se habían hecho anteriormente ahora, con el nuevo Gobierno. “Unidas Podemos hablaba de imperialismo al principio y de paraíso fiscal, pero ha conocido la situación y va a a seguir tratando que los 10.000 españoles que están empleados en la zona se mantengan. No van a querer conflictos de fronteras”, asegura. Una situación problemática que, recuerda, sí se vivió con el ministro José Manuel García-Margallo y cuyo fantasma está agitando Vox. Preguntado sobre el régimen fiscal especial, se muestra partidario pero subraya que, por un lado, La Línea ha estado abandonada tradicionalmente y, por otro, que Gibraltar es “la gran fábrica” de la comarca.
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