El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla entregará a los 21 acusados del juicio de la conocida como pieza política de los expedientes de regulación de empleo (ERE), el próximo 19 de noviembre a las 12,00 horas, la sentencia en un CD y no hará lectura pública del fallo en la Sala.
A los 21 ex altos cargos acusados, entre los que se encuentran los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, una funcionaria les irá llamando con su procurador y les entregará un CD con el contenido del fallo judicial, compuesto por unas 1.700 hojas.
Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, los tres magistrados que dirigieron el juicio, Juan Antonio Calle Peña, Pilar Llorente y Encarnación Gómez, no estarán presentes.
Este martes la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla dictó una providencia por la que cita a procuradores y acusados el día 19 a las 12,00 horas para notificarles la sentencia, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Este juicio quedó visto para sentencia el pasado mes de diciembre tras un año y cuatro días y 152 sesiones después en una causa compuesta por 14.276 folios divididos en 38 tomos y siete tomos de anexos, recogidos en ocho discos compactos, y con tres discos con las declaraciones prestadas en la causa durante la instrucción.
Precisamente este miércoles vence la última prórroga de 15 días que la Sala de Gobierno del TSJA concedió al presidente de la sala, el magistrado Juan Antonio Calle, y finaliza el plazo de dedicación exclusiva de este juez encargado de redactar la sentencia de la pieza política de esta macrocausa de corrupción.
Desde los últimos días de octubre del año pasado el juicio vivió su fase final con la exposición de las conclusiones definitivas e informes finales de las partes, Fiscalía, acusaciones del PP-A y Manos Limpias y las 21 defensas. Cabe recordar que el juicio comenzó con 22 acusados pero las acusaciones retiraron sus cargos contra el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa.
Los 21 ex altos cargos están acusados por un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación. Si bien, algunos de ellos sólo han sido enjuiciados por prevaricación, como Manuel Chaves, los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, el exviceconsejero José Salgueiro, el ex director general de Presupuestos Antonio Lozano y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río, y se enfrentan a diez años de inhabilitación.
Por su parte, las solicitudes de pena van desde los seis a los ocho años de prisión para los acusados de prevaricación y malversación. En este grupo se encuentran José Antonio Griñán, la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el ex interventor general Manuel Gómez, el ex director general del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Jacinto Cañete, y la ex secretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina, enfrentándose todos ellos a seis años de prisión y a 30 de inhabilitación.
En este sentido, cabe recordar que en la fase de conclusiones, el Ministerio Público rebajó de ocho a seis años de prisión la solicitud de pena para dos de los encausados, en concreto a Cañete y Medina. Si bien, la acusación del PP-A, que han ejercido los abogados Luis García Navarro y Lourdes Fuster, mantuvieron su petición de ocho años para estos dos ex altos cargos.
De otro lado, los acusados que se enfrentan a una petición de ocho años de prisión son los exconsejeros Francisco Vallejo, José Antonio Viera y Antonio Fernández; los directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez; el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá y el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román; el ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano y los ex secretarios generales técnicos Juan Francisco Sánchez y Javier Aguado.
El abogado de Manos Limpias, Rafael Prieto, retiró la acusación de malversación para todos los acusados y en su totalidad para Chaves, el ex interventor general Manuel Gómez y exjefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río.
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