El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda, que se encuentra adscrita a la empresa municipal Emvisesa, había tramitado un total de 1.216 expedientes relacionados con necesidad de vivienda o riesgo de pérdida de la misma entre el segundo semestre de 2016, cuando se puso en funcionamiento, y el día 30 de junio de 2019, según indican los datos del informe semestral --el sexto ya-- que realiza Emvisesa y que se publica en su web.
En el cien por cien de los casos en que se produjo desahucio o una situación que implicaba la pérdida de la vivienda, la OMDV pudo ofrecer a los afectados una alternativa habitacional para evitar el desamparo, y el 72 por ciento --casi tres de cada cuatro-- de los expedientes abiertos en relación a la necesidad de vivienda y riesgo de pérdida se encuentran ya cerrados, según ha explicado en un comunicado el Ayuntamiento de Sevilla.
"Quiero resaltar la eficacia de los profesionales de esa oficina municipal, que tratan de buscar una salida habitacional a las familias que corren el riesgo de desamparo", ha indicado el delegado de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Manuel Flores.
Durante el primer año de funcionamiento de la OMDV se abrió el 54 por ciento del total de los expedientes. Progresivamente, la apertura se ha ido ralentizando, "y confiamos que se estabilice en 20 casos mensuales, aproximadamente", ha apuntado Flores, quien ha destacado la coordinación entre Emvisesa y el Área de Bienestar Social.
La evolución del registro de expedientes, a tenor de esos informes semestrales, ha sido la siguiente: segundo semestre de 2016, 367 expedientes; primer semestre de 2018, 288 expedientes; segundo semestre de 2017, 130 expedientes; primer semestre de 2018, 116 expedientes; segundo semestre de 2018, 126 expedientes; primer semestre de 2019, 188 expedientes.
Al analizar el título de ocupación de las viviendas objeto de esos 1.215 expedientes tramitados, en 436 casos se trata de viviendas en alquiler, cuyos inquilinos corren el riesgo de pérdida de la misma por no poder continuar haciendo frente al pago de la renta.
Al alquiler le sigue la ocupación ilegal, con 329 casos: se trata de personas o unidades de convivencia que ocupan la vivienda sin el correspondiente título legal, incurriendo en riesgo de perderla cuando sus legítimos propietarios inician acciones para recuperarla. En 222 casos se trata de viviendas en propiedad cuyos dueños no pueden seguir afrontando el préstamo hipotecario y acuden a la OMDV para buscar una solución.
Asimismo, en el 51,8 por ciento de los expedientes tramitados desde la apertura de la oficina, el dueño de la vivienda era una entidad bancaria. El 76 por ciento de los 871 expedientes cerrados por la OMDV han llegado a tramitarse judicialmente. Y ocupación ilegal, ejecución hipotecaria y desahucio por el impago de renta copan el 75 por ciento del total de procedimientos judiciales.
PROTOCOLOS DE CONVIVENCIA Y PERMUTAS
Desde la aprobación del Protocolo de Convivencia hasta el día 30 de junio pasado, se han abierto 341 expedientes al respecto, de los cuales 69 se iniciaron durante el primer semestre de 2019. De todos esos expedientes, 126 se encontraban cerrados a la fecha indicada, con 78 inquilinos sancionados por incumplimientos del mismo, efectuándose 21 resoluciones de contrato, según los datos del Consistorio.
Y con respecto al Protocolo de Permutas, hay 17 viviendas en la Bolsa de Permutas publicada en la web de Emvisesa, una permuta se ha realizado por el procedimiento excepcional de cambio y otras cinco mediante el de adquisición con realojo simultáneo.
El realojo simultáneo permite adquirir viviendas sin ascensor, pertenecientes sobre todo a mayores con problemas de movilidad, y adjudicarles otras adecuadas a sus necesidades, en promociones situadas en barrios con todos los servicios, ascensor y plaza de garaje.
Respecto a la demanda de vivienda protegida en Sevilla, a mediados de 2019 había 10.949 personas inscritas como demandantes activos de vivienda protegida en el Registro Público Municipal de Sevilla.
La cifra se mantiene estable entre los 10.000 y 12.000 inscritos según las series históricas, pero desde Emvisesa se espera que "haya un aumento con el anuncio de nuevas promociones de VPO y la mayor actividad de la empresa pública en años", según ha sostenido el delegado Juan Manuel Flores. La mayoría de los inscritos, un 64,80 por ciento, forman parte de unidades familiares compuestas por un solo miembro.
Las preferencias en el régimen de tenencia indican que un 35 por ciento preferirían acceder a una vivienda protegida en alquiler, el 25 por ciento en venta y el 40 por ciento en alquiler con opción a compra.
Por tanto, sea directamente en propiedad o bien alquilándola en un primer momento para ejercer una opción de compra con posterioridad, existe una importante demanda de viviendas en propiedad, "a la que va a responder el Plan Municipal de Vivienda, Suelo y Rehabilitación de Sevilla". "El PMVS prevé destinar un 60 por ciento de sus viviendas a régimen de alquiler y el resto a venta", ha apuntado el Consistorio.
PERFIL DEL INSCRITO
El 48,21 por ciento de los inscritos como demandantes de vivienda protegida en Sevilla pertenecen al grupo de especial protección "jóvenes menores de 35 años". Les siguen en número las "familias monoparentales con hijos a cargo", que suponen el nueve por ciento de las inscripciones.
El 68,24 por ciento de las personas inscritas tienen una antigüedad inferior a los tres años. El 65 por ciento poseen unos ingresos no superiores al Iprem, es decir, 537,84 euros mensuales o incluso menos.
En ese sentido, Emvisesa ha puesto en marcha medidas para que las familias en extrema necesidad no abonen en concepto de alquiler más del cinco por ciento de sus ingresos mensuales y ninguna familia o unidad de convivencia pague más del 30 por ciento de sus ingresos en concepto de alquiler.
Por último, la OMDV recibió más de 360 solicitudes para tramitar las ayudas PPR para familias con pocos recursos durante 2017, que se suman a las 440 tramitadas durante 2018 y las 473 en lo que va de 2019. Todas ellas se remiten a la Delegación de Bienestar Social, que comprueba el cumplimiento de requisitos y determina la ayuda que corresponde a cada caso. A la fecha, los datos de que dispone Emvisesa indican que "se conceden más del 64 por ciento de las ayudas solicitadas".
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