El abogado José Manuel García-Quílez, que defiende al exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román en el juicio contra 21 ex altos cargos de la Junta acusados por prevaricación y malversación por el procedimiento de concesión de las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha solicitado al tribunal de la Sección Primera una sentencia dictada "sin influencias políticas" que haga justicia y "obvie consecuencias políticas y mediáticas", al tiempo que ha pedido a los magistrados que olviden la sentencia de la Gürtel que condenaba al PP como partido y "que no traten de compensar, pues esto no es un cambalache".
De esta manera ha concluido este lunes su informe final el abogado defensor de Rodríguez Román, que se enfrenta ocho de prisión y 30 de inhabilitación dos delitos continuados de prevaricación y malversación. Así, ha echado en falta que "alguien contara lo qué ha pasado en este asunto" y considera necesario "desmontar los mantras" del caso, aludiendo, como ya dijera el expresidente de la Junta Manuel Chaves, que los ERE era "una cuestión de unos cuantos golfos, presuntos golfos".
"Es cierto que quizás fueron más de cuatro", ha añadido, recordando que la "macrocausa ingobernable" se dividió, en contra del criterio de la instructora Mercedes Alaya, se dividió en piezas separadas.
Pero, según el abogado, no sólo se buscó juzgar a esos "presuntos golfos, intrusos, intermediarios de las pólizas y empresarios, sino también a los políticos que permitieron ese mangazo". La pieza separada del procedimiento específico, que se juzga en la Sección Primera desde diciembre de 2017, se formó para "justificar" que los ex altos cargos acusados "crearon" un sistema para la concesión de ayudas "sin control y a amigos" para disponer de "una red clientelar" para obtener réditos electorales para el PSOE.
Los acusados, en su mayoría políticos y funcionarios de alto rango, han sido "condenados públicamente por el mayor caso de corrupción de Andalucía, sacrificados políticamente y excluidos de los cargos públicos".
De este juicio a políticos se ha hecho "un juicio político", ha lamentado García-Quílez, advirtiendo que política y justicia tienen "una historia de tensión" entre poderes, pasándose de la politización de la justicia, como ha quedado demostrado recientemente en el acuerdo en la elección de los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a una tendencia "lamentable" como es la judicialización de la política" para que los tribunales resuelvan los asuntos políticos.
"¿CUÁNTAS CAUSAS PENALES NECESITA EL PSOE PARA NO GOBERNAR?"
Recordando la expresión de "linchamiento político" usada por el periodista Luis María Ansón para conseguir derrotar a Felipe González en las elecciones generales tras varias victorias o el que sufrió Alfredo Sánchez Monteseirín como alcalde más longevo de la ciudad de Sevilla por parte del PP, que "atascó los tribunales para atacar al PSOE" como el caso Mercasevilla, el abogado defensor ha afirmado, como así recogieran algunos medios, "¿cuántas causas penales necesita el PSOE para que no gobierne en Andalucía?", enumerando las diferentes causas abiertas contra la Junta como los ERE, Invercaria, Faffe, etc.
Ha lamentado el daño causado a los 21 encausados que se sientan en el banquillo, tanto en el ámbito profesional, como personal o familiar, un daño "irreparable".
Por ello ha pedido una sentencia fundada en derecho y los principios fundamentales y "no dictada influenciada por criterios políticos". Los acusados "no son delincuentes, al menos el mío -cliente--, de esos cuatro golfos".
Ha asegurado que las acusaciones están huérfanas de prueba, insistiendo en que su defendido "no era del club de esos cuatro golfos, no tenía la contraseña", resaltando que Rodríguez Román, a consecuencia del juicio paralelo y mediático, es "un apestado" por ser un acusado en los ERE, cuyo delito es "formar parte del Gobierno andaluz".
Precisamente sobre este juicio paralelo, ha hecho referencia a sus consecuencias personales o profesionales, pero "puede tener un efecto peor", solicitando al tribunal, presidido por el magistrado Juan Antonio Calle Peña, que se deje influenciar.
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