La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha asegurado que ya están "en funcionamiento" unas 5.500 plazas en centros de acogida para los migrantes que llegan a España, sobre todo por las costas del sur. Esta cifra es más del doble de las 2.800 plazas que estaban habilitadas antes de verano bajo el mandato del anterior Ejecutivo.
Así lo ha manifestado este lunes 26 de noviembre durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press. Este aumento del número de plazas se enmarca en un plan de emergencia para poner en marcha nuevos centros de acogida, con un refuerzo de 30 millones de euros.
La ministra ya expresó su intención de que España cerrase el año 2018 con más de 6.000 plazas puestas a disposición de los inmigrantes y refugiados que llegan en patera a las costas españolas para recibirles y darles una primera atención humanitaria.
El anterior Gobierno de Mariano Rajoy tenía habilitadas 2.800 plazas para la atención humanitaria de los migrantes, pero desde el mes de julio hasta la actualidad el Ejecutivo socialista ha ofrecido más del doble de las que ya estaban en funcionamiento.
En virtud del plan de choque del Gobierno --por valor de 30 millones de euros--, para reforzar la atención a los migrantes que llegan en embarcaciones se han abierto varios centros de acogida de emergencia y derivación, uno de ellos en Chiclana de la Frontera (Cádiz) y otro en Mérida (Badajoz).
RESPUESTAS A LOS FLUJOS MIGRATORIOS
La ministra ha destacado la "respuesta" del Gobierno a la gestión de los flujos migratorios, teniendo en cuenta el aumento en las llegadas de pateras que se está produciendo desde el año 2016 ante el cierre de otras rutas marítimas del Mediterráneo. "El Gobierno anterior hizo poco", ha insistido.
En este sentido, ha afirmado que los objetivos del actual Ejecutivo son cinco: la eficacia en el rescate de vidas en el mar; el respecto a la legislación internacional y a los derechos humanos; el control de los flujos migratorios; la apuesta por la inmigración legal, regular y segura; y la integración de los que llegan.
Además, ha hecho hincapié en que en la Unión Europea "se está estrechando" la cooperación internacional para poder dar "una solución común" a este problema, y ha subrayado que España está impulsando la cooperación especialmente con Marruecos, y también con Francia y Alemania. En su opinión, hay que "frenar de manera democrática" a los partidos xenófobos que "no dan soluciones racionales" a la inmigración.
Así, ha recordado que España también "es país de emigrantes" y ha recordado que el Gobierno está trabajando en un plan de retorno del talento, especialmente de los jóvenes universitarios que se marcharon por la crisis económica.
17.000 MIGRANTES PARA LA RECOGIDA DE FRUTOS ROJOS
Por otro lado, preguntada sobre la intención del Gobierno de aprobar antes de que acabe el año una nueva orden para que en 2019 se realicen contrataciones colectivas de inmigrantes desde sus países de origen, Valerio ha negado que el objetivo de esto sea pagar las pensiones.
Valerio ha indicado que la contratación en origen de 17.000 trabajadores, especialmente de nacionalidad marroquí, se hace "todos los años" fundamentalmente para la recogida de frutos rojos en la provincia de Huelva. "Van trabajar, van a cobrar, van a cotizar y todas las cotizaciones son buenas, pero es algo que se hace habitualmente, no tiene nada de novedoso", ha manifestado.
Valerio no ha precisado si el Gobierno tiene la intención de penalizar a los clientes de la prostitución, después de que en el Consejo de Ministros del pasado viernes 23 de noviembre se viera un informe sobre la trata con fines de explotación sexual en España, previo a la elaboración del Anteproyecto de Ley contra la Trata.
La ministra ha declarado que no conoce "en profundidad" el borrador de esa futura norma, al tiempo que se ha limitado a recordar que recientemente la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha declarado la nulidad de los estatutos del sindicato de trabajadoras sexuales OTRAS porque la prostitución por cuenta ajena no puede ser objeto de un contrato de trabajo.
Durante su intervención, la ministra ha reivindicado los pasos dados para reducir las desigualdades para fomentar la igualdad laboral efectiva entre hombres y mujeres. Respecto a esto último, ha defendido la necesidad de aplicar medidas para favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y profesional, así como la apuesta por la "corresponsabilidad" para que exista paridad también en los hogares y las cuestiones domésticas.
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