Varios opositores que suspendieron las pruebas para Policía Local convocadas en Sevilla en 2011 y 2012 -por cuyo presunto amaño son juzgados 45 acusados, entre ellos 37 policías- han declarado hoy que denunciaron los hechos tras llamarles el grupo Gepol para que testificaran en la investigación.
En el Juzgado de lo Penal 10 de Sevilla han declarado hoy tres opositores que firmaron como denunciantes ante el grupo Gepol que inició la investigación por el presunto amaño de los pruebas, ninguno de ellos personados como acusación particular en el juicio penal.
Los tres han confirmado, según fuentes del caso, que fue el grupo Gepol quien les llamó para tomarles declaración, inicialmente como testigos, en el marco de la investigación que abrió ese grupo por el presunto amaño de las oposiciones si bien una vez conocidas las diligencias, suscribieron una denuncia.
En esas declaraciones ante Gepol les hicieron preguntas sobre su conocimiento de los vínculos familiares entre algunos de los opositores aprobados con miembros del tribunal, entre ellos el presidente del mismo, el superintendente Juan José García, uno de los principales acusados.
Uno de los testigos de hoy ha ratificado que sabía, y así lo relató a la Gepol, que uno de los opositores aprobado era sobrino político del superintendente, ya que lo conocía del pueblo, mientras que otro ha relatado que las relaciones familiares de éste y otros opositores con miembros de la Policía Local las supo por comentarios entre quienes se presentaron al examen.
Aunque no conocían a algunos de los aprobados de haberlos visto en la academia donde ellos prepararon los exámenes o de otras pruebas, no han rechazado que sea posible aprobar una oposición a la Policía Local sin haberse presentado a otras.
Preguntado por la fiscal sobre si temen represalias por declarar en este juicio o si han recibido coacciones, el primero de los testigos ha negado tener miedo ni haber sido amenazado.
La sesión ha continuado por la tarde con la declaración como testigos de otros opositores y el juicio se reanudará el viernes con más testigos, tanto personas que se presentaron al examen como trabajadores municipales que participaron en su organización y vigilancia.
Los miembros del tribunal de las oposiciones se enfrentan a 13 años de inhabilitación y multa de 5.400 euros mientras que para los agentes que superaron los exámenes gracias a la supuesta filtración de las preguntas la Fiscalía reclama cuatro años de inhabilitación y 100.000 euros de multa.
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