El caso ‘Malaya’ sigue dejando su rastro en Marbella.
Los concejales socialistas del Ayuntamiento de Marbella José Bernal e Isabel Pérez han criticado que el equipo de gobierno destinará tres millones de euros para adquirir la totalidad del edificio que alberga la Delegación de Urbanismo, propiedad, han señalado, de una sociedad que pertenece, entre otros, al prófugo de la Justicia en el caso 'Malaya' y extestaferro del asesor municipal Juan Antonio Roca, Juan Hoffman. Asimismo, han señalado que en la sociedad figuran también el alcalde de Estepona, José María García Urbano, y una empresa constructora.
El edil ha indicado que el consistorio pretende comprar las cuatro plantas que están libres de las siete que tiene el edificio (las otras tres albergan la Delegación de Urbanismo) y que “el inmueble se encuentra en una situación irregular, tiene anulada la licencia de ocupación y no está adaptado para prestar servicios municipales”.
Bernal ha señalado que, de los cerca de tres millones que invertirá el consistorio en adquirir el inmueble, más de dos pertenecen al Patrimonio Municipal del Suelo y estaban destinados a construir viviendas de protección pública y el resto, unos 600.000 euros, a pagar obras en el municipio a través del Plan de Barrios.
Además, ha indicado que el equipo de gobierno tiene previsto aprobar la modificación presupuestaria para financiar la operación en el pleno de octubre, que se celebra el viernes. Según Bernal, la moción llegará a la sesión plenaria sin que la oposición la haya abordado en comisión informativa.
IU y Podemos
Por su parte, el concejal de IU, Miguel Díaz, ha asegurado que comprar el edificio es “entregar en bandeja un negocio redondo a un grupo de promotores del núcleo duro del gilismo y del neogilismo, prófugos del caso 'Malaya' y personas íntimamente relacionadas con el PP, como el alcalde de Estepona”.
La concejal de Costa del Sol Sí Puede, la marca local de Podemos, Victoria Mendiola, ha calificado la decisión de “unilateral e injustificada”. “No nos han dado más información que la mera modificación presupuestaria. Ni siquiera han justificado el importe de los cerca de tres millones con una tasación de los pisos”, ha agregado.
Equipo de Gobierno
La delegada de Ordenación del Territorio, María Francisca Caracuel, ha respondido que el Ayuntamiento va a “expropiar” y no a “comprar el inmueble o negociar” con la sociedad propietaria.
Caracuel ha señalado que el gobierno local ha iniciado un expediente de expropiación para el que era necesario la valoración del edificio por parte del área municipal de Patrimonio y una dotación presupuestaria, trámite este último que se elevará al pleno del viernes.
Asimismo, ha calificado de “necesaria” la expropiación, dado el limitado espacio en el que desarrolla su labor el personal de Urbanismo .
La edil ha tachado de “incendiaria y carente de rigor” la denuncia de Bernal y Pérez ya que, ha señalado, el edificio “es un sistema de equipamiento institucional, regularizado, cumple los requisitos legales para funcionar con normalidad y tiene licencia de apertura desde 2012”.
“La propietaria regularizó el edificio al compensar al Ayuntamiento entregándole tres plantas. Por eso Urbanismo puede estar aquí”, ha explicado en su comparecencia en rueda de prensa.
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