Durante cuatro años, este viejo pesquero permaneció amarrado (y hundido) en el puerto algecireño por orden judicial, que impidió su traslado. Eso sí, el dictamen judicial no obligaba a su mantenimiento por lo que el barco acabó por hundirse debido al lamentable estado de conservación que presentaba, oxidado y con zonas con evidentes filtraciones.
Posteriormente, tras la conclusión del juicio a los nueve tripulantes de la embarcación (condenados por delitos contra los derechos de los extranjeros), se decretó que el buque podía ser retirado. Sin embargo las labores de extracción de sus restos no resultaron nada sencillas y tuvieron que realizarse en dos etapas hasta que el pasado mes de junio se procedió finalmente a su reflote, tras un complicado recate, para su ulterior desguace.
Interceptación y juicio
La historia de este buque negrero interceptado en las costas del Estrecho ocupó la actualidad de gran parte del mes de agosto de 2005 por lo siniestro del caso. Nada menos que 135 inmigrantes se hacinaron en un buque que presentaba unas lamentables condiciones de conservación. Tanto era así que una cincuentena de los pasajeros llegaron a contraer sarna y malaria y debieron ser tratados en el hospital Punta de Europa.
La embarcación, de 35 metros de eslora y con evidentes síntomas de oxidación, viajaba sin pabellón e intentaba introducir en la Unión Europea (presumiblemente Italia) a un elevado número de inmigrantes clandestinos cuando fue intervenida por una patrullera de la Guardia Civil a tres millas de Punta Cires (Marruecos).
No fue hasta las 22.45 horas de ese 5 de agosto cuando el pesquero arribó al algecireño muelle Juan Carlos I, tras ser remolcado por el buque Alcaiz, donde un amplio dispositivo de sanidad esperaba la llegada del contingente de inmigrantes.
La mayoría de los ocupantes de la embarcación llegó a suelo español sin ningún tipo de documentación, lo que se tradujo en un extenso proceso judicial para tratar de repatriarlos. Y es que, pese a lo que podría preverse en un principio, la procedencia de mayoría de los clandestinos acabó resultando ser india y bengalí y no norteafricana.
Tras su identificación comenzó un amplio periodo en el que los tripulantes pasaron a disposición judicial a medida que las enfermedades que presentaban iban remitiendo.
En el posterior juicio, se condenó a los nueve tripulantes a tres años y nueve meses de prisión al considerarles autores de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Esta sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz fue luego ratificada por el Tribunal Supremo, quien incluso dejó entrever que debido a las “condiciones deplorables” y a que los clandestinos estaban “mal alimentados y sin ningún tipo de medida higiénica” la pena podría haber sido incluso mayor.
Fuera como fuese, el caso del Menavaa 1 volvió a poner de relieve la tragedia de una inmigración clandestina que no se detiene ante nada y que se arriesgó a cruzar el Estrecho de Gibraltar en una nave que más que utilizarse para travesías tendría que haberse desguazado allá por el año 2005.
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